La explosión se produjo porque dos becarios decidieron realizar ellos mismos un "traslado no autorizado de productos peligrosos sin etiquetar, y lo hicieron "en circunstancias anómalas". La víctima ha sido indemnizada en 720.000 euros y retiró las acciones penales pero la Fiscalía de Sevilla sentó en el banquillo a la ex directora del Instituto, el ex gerente, una auxiliar de laboratorio y un conserje que entonces era delegado de Riesgos Laborales.
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