La presidenta del jurado se vio obligada ayer a disolver de forma anticipada al tribunal popular que debía juzgar a un hombre acusado del doble crimen de Calicanto por falta de pruebas de cargo. La Audiencia destruyó en el año 2000 las armas utilizadas en el doble asesinato después de que en 1999 se celebrara un primer juicio absolutorio contra otro imputado. El TSJ restó ayer importancia a la destrucción del material probatorio y destacó que la Fiscalía no se opuso. La fiscal del caso pedía que el acusado fuera condenado a 50 años de cárcel.
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