La Abogacía del Estado acusa a la jueza que ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Luis Franco, por no prohibir la manifestación del 8M pese al riesgo sanitario provocado por el covid 19, de vulnerar las disposiciones del estado de alarma al ordenar diligencias. El escrito acusa a la magistrada de "obviar" la alarma e imponer sin justificación alguna una "celeridad inusitada" a las actuaciones. Ese "afán de encontrar indicios" sorprende a los servicios jurídicos del Estado y, según su tesis, desborda sus competencias.
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