Tormenta judicial para el Gobierno. Ha comenzado a perder en los tribunales las demandas contra los ayuntamientos catalanes que están practicando la insumisión fiscal, es decir, que se niegan a ingresar a la Hacienda española la recaudación de sus impuestos y lo hacen en la Agencia Tributaria catalana. El Ejecutivo se prepara para un aluvión de municipios que se sumen a la iniciativa.
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