El Estado, las autonomías, los ayuntamientos y los jueces son ineficaces para combatir el creciente fenómeno de la corrupción urbanística.Con esa tesis, el Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por 200 fiscales, jueces y catedráticos de Derecho Penal de tendencia progresista, ha elaborado un manifiesto en el que proponen que las Administraciones actúen con mano dura y "no vacile" a la hora de disolver ayuntamientos manifiestamente implicados.
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