España es un país donde los títulos nobiliarios gozan de una existencia amparada por las leyes, correspondiendo su tutela al Ministerio de Justicia a través de la División de Derechos de Gracia y otros Derechos. Utilizar un título nobiliario se considera un hecho imponible y como tal conlleva el pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El TC avala la constitucionalidad de la preferencia del varón sobre la mujer en la trasmisión hereditaria de la mayoría de los títulos nobiliarios españoles.
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