La humorista bilbaina identificó la semana pasada con nombre y apellidos a un hombre que la había insultado y amenazado en redes, puso una denuncia en la comisaría de la Ertzaintza y fue entrevistada en televisión y Youtube. El sindicato policial Esan pide ahora una sanción por «falta de respeto».

Las multas administrativas impuestas al amparo de la Ley de protección de la seguridad ciudadana, la conocida como 'ley mordaza', aumentaron en 2023 hasta alcanzar los 174 millones de euros, lo que representa un 17% más que el ejercicio anterior.

La aplicación de la controvertida normativa supuso más de 125.300 sanciones en 9 años.

Sumar ha alcanzado un acuerdo con el PSOE para reformar el Código Penal para suprimir los denominados delitos de opinión, como las ofensas contra los sentimientos religiosos, las injurias al Rey y a las altas instituciones del Estado. También han pactado una modificación de la Ley Orgánica que rige el derecho al honor para incluir una "reparación pública" ante procesos judiciales prolongados en el tiempo, que al final no derivan en apertura de juicio oral y generan un desprestigio para el afectado.

Yolanda Díaz anunció el martes por la mañana que había pactado con el PSOE "derogar" la polémica norma. A mediodía, los socialistas desmentían a la vicepresidenta y afirmaban que solo van a "abrir el debate".

Derogar la Ley Mordaza - Viñeta de Bernardo Vergara para elDiario.es.

El Tribunal Constitucional avaló la ley a excepción del artículo que sancionaba el “uso no autorizado” de imágenes de los agentes de los cuerpos de seguridad, por lo que policías y guardias civiles dejaron de aplicarlo. Se trata del artículo 36. En noviembre de 2020, el Constitucional avaló la ley mordaza, pero no el artículo 36.23: “El uso no autorizado de imágenes o datos ... de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad...". Ya no se aplica y en su lugar se denuncia a la AEPD la difusión de esas imágenes y datos.

Que dice que los delitos de injurias están en la ley mordaza (llevan 150 años en el código penal) y los van a derogar... Un ministro no puede decir un disparate así en nombre del Gobierno. El delito de injurias estaba en el código de Hammurabi hace 3500 años. Eso ni está en la ley esa que ella dice ("Ley de mordaza") ni se puede derogar. Si la portavoz del Gobierno es incapaz de explicar sus políticas y dice disparates así yo ya no sé dónde vivo.

En su condena a la decisión del Ejecutivo de coalición, la lideresa regional ha dejado a un lado su permanente ataque a medios de comunicación -hay que recordar que durante los días en los que la prensa sacaba informaciones acerca del caso que compete a su pareja, Alberto González Amador, desde su equipo amenazaron con cerrar y "triturar" periódicos- y ha señalado que la única Ley Mordaza es la que, dice, se aplica desde Moncloa.

El portavoz adjunto de Sumar Enrique Santiago ha aclarado este martes en el Congreso que el anuncio realizado horas antes por la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre un acuerdo con el PSOE para la derogación de la conocida como Ley Mordaza, se limita a la reforma de un artículo para que deje de ser infracción la toma o difusión de imágenes en manifestaciones.

“La Ley Mordaza impide decir que vas a derogar la Ley Mordaza y lógicamente el Gobierno tiene que respetar la ley. Si algo es ilegal, ustedes entenderán que no se puede hacer”, ha lamentado Díaz tras recibir la notificación de la sanción. Díaz, que esta mañana ha dicho que se reformará el código penal que afecta a las injurias a la corona, podría enfrentarse también a 2 años de cárcel dado que prometer derogar las injurias a la corona se considera, en sí mismo, una injuria a la corona.

No está previsto que la derogación de la conocida como ley mordaza sea una de las medidas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncie este miércoles durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para exponer las líneas fundamentales de su plan de "calidad democrática. Fuentes de Ferraz aseguran que en el primer paquete del que dará cuenta Sánchez no estará incluida la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, pese a que Sumar lo ha situado como su principal prioridad en la mesa de negociación que constituyó con el PSOE

Yolanda Díaz ha anunciado un pacto entre Sumar con el PSOE para derogar la ley mordaza. Precisamente este lunes el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha afirmado que están trabajando con el PSOE en la definición de las medidas de regeneración que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta esta semana en el Congreso, donde la derogación de la Ley Mordaza era un asunto "esencial" para la formación.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha celebrado este lunes que su partido y el PP hayan alcanzado otro gran acuerdo de Estado —después de acordar la renovación del CGPJ la semana pasada— que servirá esta vez para seguir bloqueando la reforma de la ‘ley mordaza’ “durante, mínimo, 10 años más”.

Sumar pretende negociar con el PSOE que se incluya la derogación de la 'ley mordaza' en las medidas que se presentarán el 17 de julio. Sánchez solo ha puesto sobre la mesa la publicidad institucional y los derechos al honor y de rectificación.

La Ley de Seguridad Ciudadana fue modificada en el año 2015, introduciendo nuevos poderes y facultades para la Policía. Establecía todo un sistema de control sobre la protesta, con multas para reprimir y ahogar a movimientos sociales y activistas. Limitaba, en suma, el ejercicio de derechos fundamentales. Es la conocida como Ley Mordaza, aprobada el 1 de julio del mismo año como reacción del gobierno del PP a las movilizaciones del 15M y hoy, 9 años después, continúa en vigor. Levantó muchas críticas, el PSOE prometió derogarla, pero ahí sigue.

El sindicato Agrupación Reformista de Policías (ARP) persigue la “plena libertad sindical” en el Cuerpo con posiciones controvertidas.

El PP, con el arranque del nuevo curso político tras el periodo estival, ha dado el primer paso para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria aprobada durante la pasada legislatura por el Gobierno bipartito PRC-PSOE. Y lo ha hecho presentando una proposición de ley en el Parlamento autonómico días después de que Vox le presionara para dar cumplimiento al acuerdo de revocar la norma alcanzado por ambas formaciones hace un año.

José María Asencio Gallego, es un destacado magistrado en el Juzgado de lo Penal n.º 11 de Barcelona, cuya trayectoria abarca una serie de logros notables en el ámbito legal y académico. Además de su destacada labor académica, el José María ha dejado una marca significativa en el ámbito de la investigación jurídica. Es autor de cuatro monografías jurídicas, entre las que se incluyen títulos como "El derecho al silencio del investigado como manifestación del derecho de defensa" y "Medidas cautelares en el proceso penal".

Una obra maestra sin parangón. Posiblemente uno de los mejores discos de la historia en nuestro país. Con todos ustedes: La ley no escrita de Extremoduro (La Ley Innata)

En medio de la crisis migratoria y el cruce de reproches entre el PP y el PSOE a cuenta de la solución de los flujos migratorios irregulares, una ley que hace referencia a esta cuestión sigue guardada en un cajón en el Congreso. Se trata de la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 extranjeros que residen en España, una propuesta respaldada por 611.821 firmas y que inició su trámite en la Cámara Baja tras recibir 310 votos a favor (todos los grupos, salvo Vox).

El Congreso de California aprobó la ley SB 1047 (Ley de Innovación Segura y Protegida para Modelos de IA de Frontera), con normas de seguridad claras y predecibles para desarrolladores grandes y poderosos. Varias empresas, académicos y políticos la acusan de restrictiva y freno al avance del sector. El gobernador Newsom tiene hasta el 30 de septiembre para ratificarla o vetarla. Algoritmos cuyo entrenamiento cueste más de 100 mill. $ deberán tener un “botón de apagado de emergencia” para desactivarlo si su funcionamiento se sale de control.

La misión de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) afirmó este domingo que la nueva ley de los talibanes, que obliga a las mujeres a llevar velo y les prohíbe hablar en voz alta, arroja "una visión desoladora del futuro". El organismo de la ONU se mostró "preocupado" por la promulgación esta semana en Afganistán "de una nueva ley sobre la moralidad que impone restricciones amplias y de gran calado a la conducta personal, y otorga a la policía de la moral amplios poderes"

La existencia de los agujeros negros es una idea desconcertante, especialmente si se considera que miles de millones de ellos podrían poblar el cosmos.
Durante décadas en el siglo XX, físicos eminentes se negaron a creer que pudieran ser reales, ignorando lo que predecían las matemáticas. Entre estos escépticos se encontraba incluso Albert Einstein, cuya propia teoría de la relatividad general hizo posibles los agujeros negros.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado el “rechazo total” del Gobierno hacia la Ley para la Propagación de la Virtud impuesta por los talibanes en Afganistán, que obliga a las mujeres a guardar silencio en público. “Condenamos toda vulneración de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y las niñas”.Rel www.meneame.net/m/actualidad/talibanes-prohiben-sonido-voz-mujer-publi

Se trata de un mecanismo que permite a las comunidades autónomas ceder la guardia provisional de menores migrantes a entidades que los acojan en la península, aunque su tutela siga en manos del Gobierno de la autonomía de origen.

El fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha propuesto modificar el Código Penal para que se pueda prohibir el acceso a Internet o a redes sociales a quienes hayan utilizado estos canales para cometer delitos de odio. Esto es, a quienes promuevan o inciten directa o indirectamente a la discriminación de determinados colectivos vulnerables a través de la red.

Ursula von der Leyen anuncia en Dresde la autorización a una ayuda pública de 5.000 millones de euros del Gobierno alemán para una fábrica de chips.

Esta petición de cambio de sexo condiciona el proceso judicial, ya que, en principio, al declararse mujer, no se le podría aplicar la legislación contra la violencia de género.