Rufián respalda a Belarra tras denunciar "golpismo judicial": "Ha dicho la verdad con nombres y apellidos. Seguramente se borrará del diario de sesiones lo que yo diré pero, Sí, es golpismo judicial porque una serie de personas utilizan el poder de su toga para revertir el poder de las urnas. Es de primero de golpismo".

Se ha hablado mucho de este pacto, sobre todo del reparto de los vocales, que serán 10 para cada partido, fuera de la aritmética salida de las urnas (2 partidos con el 73 % de los votos designarán el 100 % del CGPJ). Lo curioso es que, más allá de ese reparto coyuntural se pactó algún elemento de reforma permanente del sistema de gobierno del Poder Judicial. Y de esto, no se ha hablado prácticamente nada.

El expresident acusa al magistrado de "torcer el derecho" al proseguir con la investigación de la trama rusa pese a la orden de la Audiencia de Barcelona que se lo impedía. El magistrado admitió que seguir investigando la trama rusa suponía una “solución alternativa a las objeciones” que le había puesto la Audiencia de Barcelona, pero que debía hacerlo “por razones de equidad y justicia y de importancia histórica para la Unión Europea”.

El juez dijo que tras una revisión de la situación, el hecho de que los exámenes ya han terminado y la escuela está de vacaciones, ordenaba la puesta en libertad del profesor. El tribunal no exigió al Sr. Burke que purgara su desacato con un acuerdo para cumplir los términos de una orden dictada contra él el año pasado, dijo el juez. El pasado mes de mayo, el Tribunal Superior dictaminó que la decisión de la escuela de suspender al Sr. Burke en agosto de 2022 era correcta.

Mientras que Google y Cloudflare han aplicado el bloqueo, Cisco (propietario de OpenDNS) ha acatado la orden judicial desde otro ángulo, que probablemente no es el que esperan las autoridades, retirando por completo el acceso para los usuarios del país. Lo mismo ocurre para los portugueses, donde Canal+ cuenta con una resolución judicial en el mismo sentido. Aunque la nota de Open DNS no explica los motivos de tal decisión, es posible que hayan preferido apagar el servicio a alterar su funcionamiento, haciendo que no respete el protocolo DNS.

La fundación Faes, cuyo presidente es el expresidente José María Aznar, ha dado su visto bueno al acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial entre PP y PSOE. Para el grupo, la renovación del órgano judicial era “perenotoria” después de cinco años de “prórroga” y señalan al Gobierno por este bloqueo: “Lo dificultaba la negativa del Gobierno a comprometer, simultáneamente, modificaciones legislativas que garantizasen la conformidad con los estándares europeos del procedimiento de designación de vocales del Consejo”.

Se trata de la nueva sustancia psicoactiva detectada este mes por Energy Control en un festival en Barcelona. Se intentó comercializar como MDMA y con un particular diseño.

El órgano de gobierno de los jueces sale del bloqueo tras más de cinco años con el mandato caducado

Las organizaciones detrás del llamado Juicio por el Clima —Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo— han presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Estado español por inacción climática. Con ello, el movimiento por el clima español usa el último cartucho judicial estatal para que la demanda, que fue desestimada por el Tribunal Supremo en junio de 2023, sea aceptada.

Así consta en el acuerdo adoptado, recogido por Europa Press, en el que la Sala de Gobierno insiste en que el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en un “menoscabo del derecho de de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses”.

Entre la información a la que supuestamente tuvo acceso Prado, se alude a teléfonos intervenidos de cargos populares, a la imputación por fraude fiscal de Conde Roa, e incluso de una comida con varios magistrados en la que participaría el abogado y a que éste conocería por esta vía la existencia de las fotografías del presidente, Alberto Núñez Feijóo, con el contrabandista Marcial Dorado, antes de su publicación.

El Estado español tiene un grave problema de violencia policial e institucional: lo llevan denunciando años colectivos ciudadanos, organizaciones de Derechos Humanos y organismos internacionales. La represión de manifestantes pacíficos en contextos de protesta lleva años en aumento, especialmente desde que está vigente la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza. Desde el movimiento de derechos humanos hace años que se trabaja en propuestas para poner fin a la impunidad de la violencia policial. Ahora, organizados en una mesa