Eugen Sabau, vigilante de seguridad, quedó tetrapléjico por los disparos de la policía tras protagonizar un asalto armado a una oficina de Securitas. La hermana de Sabau considera que la actuación policial fue “desproporcionada” y ha logrado que un juez de Reus admita la denuncia e investigue a 11 agentes de la policía catalana por un delito de lesiones.

La primera resolución del Tribunal Constitucional sobre la muerte de un detenido en calabozos de la Policía, distinta a las que le han precedido de casos de tortura o malos tratos, cuenta ya con un borrador a favor del recurso de la familia del fallecido y de que el juez que negó una investigación acorde al caso ordene ahora las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, han avanzado a elDiario.es fuentes jurídicas.

Instructor de casos de una enorme trascendencia social, como el asesinato de Asunta o el robo del Códice Calixtino, el juez José Antonio Vázquez Taín (A Merca, 1968) ha vivido desde entonces una desenfrenada exposición mediática por su condición de magistrado, pero también por haber hecho gala de un inquieto perfil polifacético, que le llevó incluso a escribir ficciones que guardaban paralelismos con instrucciones que él mismo había dirigido. Asiduo tertuliano televisivo

La magistrada Elena Carasol, titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Barcelona, admitió a trámite la querella presentada por el grupo GM Fuel y de su máximo administrador, Javier García-Munté, representados por el abogado Manuel González Peeters, al entender que pueden ser constitutivos de delito los hechos que se produjeron en el proceso abierto por estas empresas para poder devolver una deuda con Hacienda de unos 38 millones de euros y con la Diputación Foral de Bizkaia, de 48 millones. Es decir, 86 millones de euros. Las supuestas tr

Este martes seis nuevos investigados han llegado al juzgado número 7 entre las 9 y las 10 de la mañana. Todos ellos han respondido a las preguntas de la jueza, que los investiga por los presuntos delitos de atentado a la autoridad y desórdenes públicos. El abogado murciano, Pedro Montes, que lleva la defensa de tres de los investigados, ha indicado a su llegada al juzgado que sus defendidos están tranquilos porque creen que han actuado correctamente en defensa de sus intereses.

El empresario Francisco Chardí Peris, ex concejal del PP, está imputado tras una querella de su mujer, también exedil: "Tememos que el dinero no se pueda recuperar nunca", asegura una fuente cercana al caso.

La investigación que se sigue en un juzgado de Navalcarnero contra la dirigente del PP de Madrid y alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, apunta a que ésta y un empresario disfrazaron una mordida como las mensualidades por el alquiler de un ático propiedad de la regidora. Millán y el empresario Francisco Vicente Roselló declararán el 22 de abril ante el juez de instrucción José Manuel García Marfil por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, fraude a la Administración y blanqueo de capitales.

Nota de prensa - Periodista Digital: "Palo a Sánchez: el juez Presencia logra que la UE investigue el nombramiento ilegal de Dolores Delgado"

El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha dado orden a la Policía para que investigue pagos desde Venezuela a varios dirigentes fundadores de Podemos como Carolina Bescansa o Juan Carlos Monedero en el marco de la causa reabierta hace unas semanas y que tiene que ver con la financiación de la formación morada. También a Ariel Jerez y Jorge Lago. En un auto dictado este miércoles, el Juzgado activa así las pesquisas sobre el presunto origen ilícito de fondos para la formación proporcionados durante años por el régimen boliva

La defensa del exministro ha presentado un escrito donde explica que no ha podido tener acceso a documentación del caso por el que se sentará en el banquillo por delitos

El Juzgado de Instrucción 31 de Madrid investiga una denuncia contra la cúpula del Consejo General de Enfermería (CGE) de España —que representa a 316.000 profesionales de 52 colegios provinciales— por supuestos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad. Los 365.266 euros que costó la excursión “eran comisiones y podíamos hacer con ellas lo que nos diese la gana”, dice el presidente.

La Policía considera que esas adjudicaciones, por valor de 570 millones, pueden tener relación con donativos al PP de un constructor condenado en el caso Gürtel.

El juzgado 16 de Sevilla fija declaración del dos veces candidato andaluz de Vox y sus dos exsocios el 8 de febrero.

La Policía Nacional recibe la orden de aclarar si el dinero proviene de la ayuda de 2,48 millones abonada por Industria a otra compañía de Serrano.

El instructor de Barcelona pide imputar por traición al expresident por la trama rusa sin nuevos indicios, mientras el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y el Tribunal Supremo llevan meses intentando encajar los altercados de Tsunami en el delito de terrorismo

el magistrado acuerda la apertura de una pieza separada de la causa en la que también aparecen como investigados por traición (un delito excluido de la Ley de Amnistía) y malversación de caudales públicos el ex presidente catalán Artur Mas, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, su director de oficina, Josep Lluís Alay, el ex responsable de Relaciones Internacionales de Convergència Democràtica Víctor Terradellas o la ex dirigente de Junts per Catalunya Elsa Artadi.

Dada la trascendencia jurídica y urbanística de los hechos que se vienen desvelando sobre las licencias y obras concernientes a su parcela en La Adrada, poco le interesa al Juez Peinado que se airee el historial de presuntas infracciones urbanísticas y administrativas que concurren en su parcela. Entre las obras destaca un chalet aislado de más de 800 metros cuadrados edificados en tres plantas. Tampoco el Ayuntamiento, en la persona de sus autoridades y funcionarios, debe de sentirse cómodo con los mismos hechos.

Un juez federal bloqueó temporalmente el lunes una ley de Iowa que habría permitido a las autoridades policiales del estado presentar cargos penales en contra de personas que tienen órdenes de deportación pendientes o a las que se les había negado previamente el ingreso a Estados Unidos.

Javier Pérez-Royo, catedrático en derecho constitucional. Llama inculto e indecente (varias veces), a juez del caso Begoña Gómez; el juez Peinado.