El Registro de la Propiedad ha admitido que adjudicó por un “error grave” cuatro propiedades al juez Juan Carlos Peinado García. Un reconocimiento que se produce después de que ElPlural.com desvelase en exclusiva que a nombre de Juan Carlos Peinado García existen registrados catorce inmuebles con dos Documentos Nacionales de Identidad (DNI) con mismo nombre y distinto número.

El reproche del Constitucional pasa por acusar a ambos tribunales de desconocer cómo funciona el sistema político andaluz e invadir la separación de poderes al criminalizar actos legislativos del Gobierno regional. Elaborar y aprobar anteproyectos de ley, el embrión de esas ayudas, “no puede ser constitutiva del delito de prevaricación”. Son actos, dijo, “dictados por el Poder ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía” y su contenido “no puede ser objeto de control por ningún órgan

¿Por qué sabemos que no son dos ciudadanos distintos con el mismo nombre y distinto DNI, dos Juan Carlos Peinado García distintos? Porque en España no existe la poligamia. En los datos del Registro de la Propiedad a los que ha accedido este medio, el juez Juan Carlos Peinado García aparece con dos DNI como propietario de catorce inmuebles y fincas. En ocho ocasiones con un número de DNI acabado en P. En otras seis ocasiones con un DNI acabado en W.

Uno de los dos DNI del juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, coincide con el de otro ciudadano español J.M.G.M. Es decir, Juan Carlos Peinado y otro ciudadano comparten número y letra (W) de DNI.

Interior se ha amparado en la ley de Protección de Datos para no explicar por qué el juez Peinado podría tener dos DNI, tal y como certifica el Registro de la Propiedad.“La gestión del DNI, competencia exclusiva de la Policía Nacional, está sometida a un estricto régimen de confidencialidad regulado en el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales y el Real Decreto 1553/2006 sobre la expedición del DNI y sus certificados de firma electrónica, lo que impide facilitar información

Ante los audios publicados por Diario.Red, es inevitable preguntarse si el juez Joaquín Aguirre ha cometido el delito de prevaricación judicial o si la cosa se va a quedar solamente en lawfare . Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/exclusiva-audios-juez-joaquin-aguirre-ley

«El auto carece de cualquier razonamiento jurídico», dijo contundente la Fiscalía, que desmontaba la denuncia del grupo ultra por tener «un relato insuficiente y carente de la más mínima precisión». Según la Fiscalía, ni la denuncia ni el auto del magistrado justifican el delito de tráfico de influencias porque las cartas de apoyo firmadas por la esposa de Pedro Sánchez son «un trámite usual en los procedimientos administrativos en cuestión»

Son muy pocos los jueces y juezas apartados de la carrera judicial por condenas merecidas por infringir el Código Penal y, en especial, por prevaricar en el ejercicio de sus funciones. Así lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que la condición de juez o magistrado se perderá, entre otras causas, "por la condena a pena privativa de libertad por delito doloso". Según datos del CGPJ, en los últimos años ha sido media docena de jueces apartados.

La periodista Marta Nebot ha tenido un rifirrafe con Lucía Méndez en T V E, después de que esta hiciera un acto paternalista y de menosprecio. La trabajadora de El Mundo, ha defendido la actuación del juez Peinado, lo que ha motivado el correctivo de la presentadora Silvia Intxaurrondo y Carlos Cué. "Tú sabrás lo que quieres hacer delante de los espectadores". "Es un insulto lo que estás haciendo"

El magistrado que ahora investiga a Begoña Gómez habló con el antiguo regidor y le solicitó que le dejara realizar las obras "ilegales" porque "había hecho mucho por el pueblo"

El juez ha respondido a Begoña Gómez que solo ha pasado a la Fiscalía Europea (EPPO) uno de tres bloques de los hechos en los que se basa para mantener sus sospechas de delito de tráfico de influencias y de corrupción de los negocios. En una providencia de este domingo, Juan Carlos Peinado contesta que su juzgado sigue investigando “dos bloques” que no tienen relación con los contratos adjudicados a sociedades del empresario Juan Carlos Barrabés, la parte que se quedó, por avocación, la instancia europea.

El Ayuntamiento de La Adrada (Ávila) guarda silencio ante las irregularidades del juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. ElPlural.com se ha puesto en contacto con el Consistorio para saber si procederá a realizar una inspección en el chalet de lujo que posee en el mencionado pueblo a raíz de las informaciones desveladas por este medio pero, en el momento de publicación de estas líneas, no ha obtenido respuesta.

El auto de apertura de investigación contra Ricardo Sánchez, presidente del PP de Sevilla, por su papel en la concesión de un tanatorio privado en Mairena del Alcor a la empresa familiar de un alto cargo del partido, está fechado el 24 de mayo, aunque el juez lo firmó el 4 de junio y se lo envió a las partes el día 11, una vez pasadas las elecciones europeas

Dicho chalet de lujo ha generado enorme polémica en el pueblo La Adrada (Ávila) desde hace muchos años. Se construyó en el año 2000 y se registró como almacén, nomenclatura bajo la que se mantiene a día de hoy, aunque en realidad acoge una gran vivienda edificada sobre una parcela de 2.866 metros cuadrados, según refleja el registro de la propiedad

La legalización o no de la vivienda; la existencia o no, de licencia de primera ocupación; la posible ausencia de saneamiento o la ilegalidad de la piscina; son asuntos de debate en la localidad castellanoleonesa desde antes 2007. De hecho, todavía a día de hoy, este asunto marca la agenda política y sirve de conversación cotidiana a los ciudadanos a raíz de la vivienda familiar del mediático juez cuya construcción, se paralizó en el pasado no pocos meses.

No ha adoptado ninguna decisión sobre la declaración de la esposa del presidente, que está citada el 5 de Julio El magistrado investiga quién firmó en nombre de Begoña Gómez su citación como imputada. El reglamento de la EPPO establece que cuando ejerza su derecho de avocación sobre una causa, "las autoridades competentes de los Estados miembros le transferirán el expediente y se abstendrán de realizar nuevos actos de investigación en relación con el mismo delito".

El juez Juan Carlos Peinado ha suspendido las declaraciones de varios cargos de Red.es que pretendía interrogar en calidad de testigos este domingo después de que la Fiscalía Europea anunciara que asumía la parte de la investigación que afecta a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés financiada con fondos europeos. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press sostienen que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha dejado sin efecto las citaciones del consejero delegado (CEO) de Red.es,

La Fiscalía Europea ya ha reclamado al juez que instruye la causa contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios parte de la investigación que afectan a fondos comunitarios, según confirman fuentes jurídicas a La Vanguardia. Se trataría de la parte que afecta a la UTE en la que participó el empresario Juan Carlos Barrabés, en favor de quien la mujer del presidente del Gobierno realizó dos cartas de recomendación.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado el primer paso para imputar al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, por revelación de secretos. Así se extrae de la Diligencia de Ordenación y que ha sido firmada este 7 de junio por el letrado de la Administración de Justicia, Enrique Calvo Vergara.