El Tribunal Supremo no ha liberado ninguna columna de humo blanco, la célebre fumata blanca que sale de la Capilla Sixtina cuando la votación para elegir Papa resulta exitosa, pero habemus sententia. El tribunal del procés ha acordado por unanimidad descartar el delito de rebelión en contra de la tesis defendida en el auto de procesamiento, dictado por el magistrado Pablo Llarena en 2018; de la solicitud expuesta por la Fiscalía del Supremo en sus conclusiones provisionales y definitivas; y de la acusación popular del partido ultraderechista.

Ana Orellana ocupa el puesto número dos de la especialidad de lo Social de toda la carrera judicial. Pero Lesmes y su Permanente tienen un favorito: Juan Molins, que está nueve puestos por debajo de ella. El tercero de los candidatos seleccionado es José Manuel González Viñas,mayor que ellos y número uno del escalafón,quien,al parecer,será también tumbado en favor de Molins. Es más,la base sexta de las convocatorias impone al CGPJ que nombre a una mujer,si existe igualdad en méritos con un hombre. La Permanente explica que eleva su propuest

El presidente del tribunal que debe juzgar el procés evita pronunciarse sobre cuándo estará lista la sentencia, y defiende un cambio legislativo en lo que respecta a la financiación ilegal de formaciones políticas: “No se puede acordar la disolución de un partido político por un hecho concreto”, “geográficamente localizable” y “subsanable con la condena de los responsables por ese hecho concreto”.

Un magistrado del Tribunal Supremo apoyó el pasado 8 de enero en la Sala del 61 que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes,fuera apartado del proceso donde se debía resolver la admisión a trámite de una querella interpuesta por 3.500 ciudadanos catalanes contra el instructor del ‘procés’, el juez Pablo Llarena,y los miembros de la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal.Ahora,Salinas ha redactado un voto particular apoyado en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) “la justicia no sólo tiene..

¿Por qué en el enjuiciamiento de las conductas de los procesados como consecuencia de la convocatoria y celebración del referéndum del 1-O está actuando el Tribunal Supremo como juez de primera y única instancia,cuando ninguno de los procesados está aforado ante él? No todos los procesados están aforados,pero los que lo están,lo están ante el TSJC y no ante el Tribunal Supremo. Atentar gravemente contra el interés de España no es un delito tipificado en el Código Penal.Es una circunstancia que permite al Gobierno activar la "coacción federal"

El Tribunal Supremo confirmaba este jueves la segunda condena firme de diez años de inhabilitación y una multa de 3.600 euros al exjuez Fernando Presencia, antiguamente al frente del Juzgado de Instrucción número 2 de Talavera de la Reina (Toledo), acusado de prevaricación por archivar una querella contra un amigo.

Segunda condena firme de inhabilitación para el juez talaverano Fernando Presencia. El Tribunal Supremo acaba de confirmar diez años de inhabilitación y pérdida definitiva del cargo para el magistrado por archivar una querella por estafa contra un amigo suyo: su primera condena llegó por hacer lo mismo con un caso de atropello con fuga que afectaba a otro amigo.

La sorprendente revelación a la que ha tenido acceso Diario 16, acerca de que la confirmación del Auto de conclusión del sumario no la resolvió la Sala de recursos sino la Sala de admisión, que también acordó el inicio de la instrucción porque al juez Llarena se le olvidó dictar el Auto de incoación del sumario, puede acarrear la absoluta nulidad de la causa del Procés.

Una mujer que acusó al magistrado del Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh de haberla violado reconoció que mintió para evitar la confirmación del juez ya que estaba “furiosa”, según informó hoy el Comité Judicial del Senado. La mujer, Judy Munro-Leighton, reivindicó la autoría de una carta anónima que recibió en septiembre la senadora demócrata Kamala Harris, miembro del Comité, acusando a Kavanaugh y a otro hombre de haberla violado “varias veces cada uno” en un vehículo. La mujer dijo que “solo quería llamar la atención” y que era una “táctica”

Luis María Díez-Picazo (Madrid, 1958) accedió a la plaza del Tribunal Supremo en 2008 por el llamado quinto turno, reservado a juristas de reconocida competencia con más de 15 años de antigüedad. Este catedrático de Derecho Constitucional -hijo del reputado especialista Luis Díez-Picazo, una de las mayores instituciones del país en derecho civil- transitó los primeros años sin hacer mucho ruido por la Sala Tercera, dedicada a juzgar los actos del Gobierno y de las administraciones públicas.

Los populares le vinculan con la actual ministra de Justicia y con el juez Baltasar Garzón, primer instructor de la tramaEn su recurso, piden al alto tribunal que dicte una en la que absuelva al PP como partícipe a título lucrativo"Esta contabilidad oculta, frente a lo afirmado en la sentencia, era inexistente", dice el partido en su escrito

El destituido juez supremo peruano César Hinostroza, investigado por presuntamente liderar una red de corrupción en la Magistratura se fugó a España. En consecuencia, el ministro de Interior Mauro Medina renunció. El abogado de Hinostroza, Manuel Amat, había insistido el martes 16 de octubre, en que su cliente permanecía en el país, pero cuando la Policía judicial acudió a su domicilio, no lo ubicó. Según el Gobierno peruano, Hinostroza se fugó del país el pasado 7 de octubre

En las alegaciones enviadas al Tribunal Supremo, conocidas por EL ESPAÑOL, el líder del PP afirma que tuvo un "puro comportamiento neutral" que no puede ser delictivo. La jueza dice que Casado "cooperó" en el "regalo" ilegal de su máster. El fiscal no vio delito en el caso de una alumna acusada de recibir favores académicos

El juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada aspira a integrar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, el magistrado clave en la sentencia de la primera época de actividades de la trama Gürtel, resolución que activó la moción de censura y provocó la salida del Gobierno de los de Mariano Rajoy, ya ha presentado formalmente su candidatura, pero su actual destino en el Tribunal Penal de la Haya puede frustar sus planes.

ÚLTIMA HORA. La titular del Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha rechazado este lunes enviar al Tribunal Supremo la investigación del máster de la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes y suspender su declaración prevista para este martes en calidad de imputada. La juez ha adoptado esta decisión con el visto bueno de la Fiscalía. …

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el 'caso Lezo', Manuel García-Castellón, mantiene la declaración como imputado prevista para este jueves del expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón por la ruinosa compra en 2001 de Inassa, la filial latinoamericana de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II.

Joaquín Huelín participó y se benefició de un acuerdo firmado entre la empresa Agbar y el Consejo General del Poder Judicial entre 2012 y 2015. Huelín participó junto a jueces de toda España en un convenio que contaba con ponencias y cursos de formación para magistrados organizados por Agbar que tenían como objetivo explícito “contribuir al desarrollo de la doctrina jurídica” en relación a la gestión del agua. La revista Atlántica XXII accedió al texto del convenio y profundizó en un artículo sobre la forma que tuvo hasta 2015, cuando el abogad

Jaume Vives, portavoz del movimiento Tabarnia, ha defendido al juez Pablo Llarena: "Es absolutamente injusto lo que el independentismo está haciendo con él". Además, lo ha calificado como "superhéroe sin capa" y ha insistido en la importancia de "que no desfallezca".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella por prevaricación presentada por el exmosso Josep Asensio i Serqueda contra la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por haber dictado el auto en que se declaró competente para instruir la causa por rebelión contra los exmiembros del Gobierno catalán y un segundo auto en el que acordó la prisión sin fianza de ocho exconsejeros.

Los hechos del día 20 y los del referéndum del 1 de octubre son los momentos que destaca Llarena, que explica su convicción de que los líderes independentistas "desde luego se representaron que el fanatismo violento de muchos de sus seguidores había de desatarse"

Un juzgado de Álava ha estimado abusiva la cláusula del IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) y la declara nula en un contrato, en contradicción con la sentencia del Tribunal Supremo (TS) del pasado mes de noviembre que falló a favor de los bancos. En concreto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Amurrio (Álava) se ha convertido en el primero de España en contradecir la jurisprudencia del Supremo, según ha informado hoy la plataforma de afectados por el IRPH de Gipuzkoa.

El titular del juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Luis Francisco de Jorge Mesas, ha abierto diligencias previas sobre el tránsito por aguas españolas de un barco que, según una denuncia de Podemos presentada ante este tribunal podría llevar armas destinadas a Israel. Fuentes de Podemos aseguran que el magistrado ha decidido mediante un auto incoar diligencias para averiguar si el buque Vertom-Odette transporta, como sostiene la formación morada, armamento a Israel.

La mercantil Club de Golf El Cortijo SL, propietaria del 50% del El Islote del Francés, se ha personado en la causa que enfrenta desde hace años al Ayuntamiento de Arrecife y la propietaria de los terrenos. Para ello, ha contratado la asistencia del abogado Rafael Fernández Valverde, un magistrado jubilado que desempeñó su labor en la Sala Tercera, Sección Quinta del Supremo. Además, Fernández también fue presidente de la sala ante la que se ha dirigido el escrito por el que la entidad se ha personado ahora en la causa. A ello se suma que...

El magistrado cita a la esposa del presidente del Gobierno a comparecer una vez haya tomado declaración a media docena de testigos y después del informe de la Guardia Civil que no encuentra indicios de delito

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 19 años de prisión impuesta a un sargento de la Guardia Civil que durante cuatro años acosó sexualmente y violó a una subordinada en un cuartel de Molina de Segura, Murcia. Llegó incluso a dejarla embarazada y obligarla a abortar.

La magistrada explica que lo pertinente en este caso es prorrogar hasta el 26 de octubre la investigación que dirige sobre presuntos delitos de estafa agravada, apropiación indebidad, pertenencia a grupo criminal y contra la seguridad de los trabajadores

La decisión del Gobierno de España sobre la elección de Sevilla como la sede de la Agencia Espacial Española ha sido respaldada por el Tribunal Supremo. De este modo, el tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Teruel contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 2022 que designó a Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española, y el posterior Real Decreto por el que se aprobó el estatuto de la misma.

El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, rechazó el jueves una invitación para reunirse con senadores demócratas para hablar sobre la ética de la corte y la polémica sobre las banderas que ondeaban frente a viviendas del juez Samuel Alito.

La querella se dirige contra: 1) D. Juan Carlos Peinado García, Magistrado del Juzgado de Instrucción n.o 41 de Madrid. 2) D. Luis Salas Fernandez, Jefe de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El Supremo ha ratificado la condena al sacerdote de Talavera de la Reina que abusó sexualmente de la menor durante tres años y la sometió a un exorcismo.

Impecable Xavier Vidal-Folch: "No hay caso Begoña Gómez. No lo hay porque ni la fiscalía, ni la Guardia Civil, ni los directores de los medios que la embadurnaron con bulos o sospechas han encontrado indicios de delito ninguno cometido por la esposa del presidente del Gobierno"

Mantener relaciones sexuales sin preservativo sin que se haya consentido es delito, según ha dictaminado por unanimidad el Tribunal Supremo español. La pena que se fijará será la propia de una penetración sin consentimiento, de 4 a 12 años de prisión.

El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Calvo ha inadmitido a trámite por extemporánea la recusación planteada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra cuatro de los cinco magistrados que deben resolver el recurso de casación presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su nombramiento como máximo responsable de la Fiscalía.