El juez de la Audiencia Nacional, Manolo García-Castellón, imputará el lunes a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en la pieza de la trama Púnica en el que se investiga la financiación irregular del PP regional. El magistrado aceptará de este modo la solicitud realizada hace unas semanas por la Fiscalía Anticorrupción y también citará como investigados a los exconsejeros madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

“Yo tengo pruebas en este sumario". Ya lo advirtió en 2015 el entonces juez a cargo del caso Púnica. En pleno interrogatorio a un testigo, el magistrado Eloy Velasco aseguró tener evidencias de que el Gobierno autonómico de Esperanza Aguirre había ordenado pagar "en sobres" gastos electorales del PP de Madrid. En concreto, se refería a remuneraciones coordinadas por Salvador Victoria, quien fuera consejero de Asuntos Sociales de aquella administración.

El pasado 7 de enero el constructor Juan Miguel Villar Mir estaba citado para declarar ante el juez en el marco de la Operación Lezo, pero no se presentó alegando problemas médicos. Según desvela la Cadena SER, existen unas conversaciones interceptadas judicialmente en las que se escucha al expresidente de OHL pactar con un doctor la fabricación de un documento médico falso para evitar declarar. Este caso fue archivado por la jueza Carmen Valcarce, la magistrada del caso de los espías de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.

Accede a que se investigue a tres empresas por recibir un trato de favor por parte del Gobierno regional antes de las elecciones de 2011.El juez relaciona a estas empresas con "la ocultación de partidas de gastos electorales que no se recogieron en la contabilidad electoral del PP de Madrid".La UCO señala que cargos del Gobierno de Aguirre se reunieron con responsables de una empresa proveedora del PP poco antes de adjudicarles un contrato público.La UCO señala que este proveedor del PP "parece dirigir todas las actuaciones del contrato y orden

La primera declaración de la historia de España en la que un partido político declara en condición de imputado ha sido solventada por la formación afectada, el Partido Popular, negándose a responder a las preguntas de la jueza, la fiscal o cualquiera de las partes personadas. La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a quienes declaren como imputados -ahora investigados- a acogerse a su derecho a no declarar.El representante legal del PP, Alberto Durán, se ha limitado a leer un texto en el que niega que la formación haya destruido pruebas.

El magistrado al que la Audiencia obligó a enjuiciar a Aguirre se abstiene y pide que sea juzgada por otro juzgado de Madrid

La candidata de Ahora Madrid desvela que ha llamado a Aguirre para que deje de mentir sobre ella y que ésta ha reconocido su 'metedura de pata'.

La defensa del agente afea al magistrado que archivó provisionalmente el caso de no haber tenido en cuenta las emisoras policiales ni de las cámaras. También de favorecer judicialmente a la candidata a la Alcaldía de Madrid, "por muchos cargos públicos que haya ostentado o tenga previsión de ostentar". Por último, "se sorprende de los absurdo" de que no haya dado más peso, como indica la ley, a las declaraciones de agentes de movilidad y policías.

El juez Juan Carlos Peinado ha suspendido las declaraciones de varios cargos de Red.es que pretendía interrogar en calidad de testigos este domingo después de que la Fiscalía Europea anunciara que asumía la parte de la investigación que afecta a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés financiada con fondos europeos. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press sostienen que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha dejado sin efecto las citaciones del consejero delegado (CEO) de Red.es,

La Fiscalía Europea ya ha reclamado al juez que instruye la causa contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios parte de la investigación que afectan a fondos comunitarios, según confirman fuentes jurídicas a La Vanguardia. Se trataría de la parte que afecta a la UTE en la que participó el empresario Juan Carlos Barrabés, en favor de quien la mujer del presidente del Gobierno realizó dos cartas de recomendación.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado el primer paso para imputar al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, por revelación de secretos. Así se extrae de la Diligencia de Ordenación y que ha sido firmada este 7 de junio por el letrado de la Administración de Justicia, Enrique Calvo Vergara.

Reclamaron por escrito a la facultad de Derecho el pasado mes de febrero que retirara de la docencia al juez del caso Begoña por supuestos comentarios islamófobos y poner trabas a un discapacitado. Cerca de 50 alumnos de Criminología elevaron una denuncia el pasado mes de febrero a la dirección de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, contra el profesor de la asignatura de Ciencia Penitenciaria.

David Sánchez está siendo investigado por su absentismo laboral en la Diputación de Badajoz y por su mudanza a Portugal para pagar menos impuestos mientras trabaja para una administración española. Además del hermano de Sánchez, en el procedimiento judicial también figura el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que es además secretario general del PSOE de Extremadura, y Alejandro José Cardenal, jefe de de los departamentos Jurídico y de Recursos Humanos de la corporación.

Un juez federal de Washington ha ordenado a Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, que se presente en prisión antes del 1 de julio para cumplir la pena de cuatro meses por haberse negado a colaborar con el comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. Esto significa que Bannon pasará buena parte de la campaña electoral entre rejas, además de que se convertirá en el segundo ex-alto cargo de la antigua administración Trump en ir a prisión.

En el matinal de TVE, han podido acceder a los audios del juez Peinado, magistrado que lleva la causa contra Begoña Gómez, en el que se opuso a que un testigo de El Confidencial, respondiera a la fiscalía. Silvia Intxaurrondo ha dado paso a las imágenes de la sala, dato que es “fundamental” a los ojos de Marta Nebot, que ha expresado que es algo que el periodista tiene que investigar "Blanco y en botella, todo lo que vemos de este juez es llamativo". "Yo me acuerdo todo el rato de Aznar diciendo aquello del que pueda hacer que haga".

El magistrado Juan Carlos Peinado anuló en 2020 la citación judicial del alcalde por prevaricación al entender que en el caso de personas públicas puede llevar "a una desconsideración de su imagen"

Juan Carlos Peinado no permitió al director de 'El Confidencial', uno de los medios que ha publicado informaciones sobre las actividades profesionales de Begoña, responder sobre las cartas de recomendación de la mujer del Presidente del Gobierno

En una contundente resolución, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona afirma que el juez no ha hecho nada en los seis meses anteriores, entre enero y julio de 2023, y por eso añade que no es justificado volver a prorrogar la pieza 2 del caso Volhov seis meses más, hasta febrero pasado (fecha en la que volvió a prorrogarla), y da la razón a la defensa del exconseller Xavier Vendrell y la anula, y detiene la investigación a 1 de agosto de 2023.

Cuando uno de los agentes comenzó a presentar declaración, un abogado defensor vio que la magistrada llevaba en el brazo una pulsera con el emblema de la Guardia Civil, según detalla 'Diario de Cádiz'. Fuentes consultadas por el citado medio explican que esa pulsera incluía un distintivo del Grupo de Acción Rápida (GAR), la unidad a la que pertenecía David Pérez, uno de los agentes asesinados en Barbate.

El sumario declarado secreto desde el inicio del caso de Begoña Gómez era el documento más deseado por los medios de comunicación. Sin embargo, la decepción ha sido mayúscula al poder comprobar su contenido completo: la nada jurídica. De hecho, en los más de 1.000 folios que hay hasta ahora, sin contar toda la documentación adjunta, lo único importante o relacionado con lo denunciado es el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que, además, es exculpatorio para la mujer de Pedro Sánchez

El procedimiento se encuentra en diligencias previas y, según la organización, el único denunciante es la Brigada de Información de la Policía Nacional. La imputación es como organización criminal debido a las protestas climáticas que llevan a cabo, según han informado tres portavoces de la organización ecologista este martes 28 de mayo en una rueda de prensa. Futuro Vegetal ha indicado que han recibido "bastante apoyo" ya que "la escalada represiva ha generado una amenaza muy fuerte dentro de lo que es un movimiento ecologista".

Juan Carlos Peinado había ampliado el secreto de las actuaciones, a pesar de que la Guardia Civil había entregado un informe en el que señalaba que no hallaba indicios de delito contra la mujer del Presidente del Gobierno.

Los expertos aseguran que no debería haber dado ningún dato personal, y menos con la causa bajo secreto de sumario. A priori, un juez no puede hacer púbicos los datos personales de ciudadanos anónimos que simplemente acuden como testigos, como es este caso, ya que no son personas de pública notoriedad como podría ser un político o un empresario del Ibex 35. Pero es que las fuentes van más allá y dicen que, “si el propio magistrado ha decretado el secreto de sumario, los datos personales no pueden trascender”.

Peinado acaba de acordar nuevas testificales y avanza en la causa tras advertir al fiscal del caso que deje de acudir en persona al juzgado para conocer "de inmediato" las resoluciones.

Según se desprende del recurso de casación,se ha podido saber que el abogado del Pequeño Nicolás fue Manuel Marchena Perea, hijo del polémico juez Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Asimismo, ponente de la causa es Eduardo de Porres, con claros vínculos con el PP tanto él como su entorno. Él es colaborador del FAES -la fundación de José María Aznar-, su mujer milita en el PP y su hijo en Nuevas Generaciones (NNGG).