La cuestión mollar es cómo los ocultos resortes de la Justicia han propiciado que quede absuelto un partido político sobre el que pesaba la grave acusación de haber entorpecido la propia labor de la Justicia destruyendo pruebas. El juzgador ve tan plausible que se destruyeran los discos para entorpecer la acción de la Justicia como que se borraran para aplicar los protocolos y reasignar los ordenadores. Los populares tenían abiertos dos frentes para que no se desbaratara el relato de los casos aislados, de las personas malvadas y de la ignoranc

IU denuncia las "numerosas incongruencias" de la argumentación del juez y le acusa de pasar por encima la declaración de testigos. Observatorio DESC critica que se "descontextualicen" los hechos y que se dé por bueno que los acusados desconocían los hechos por los que se investigaba a Bárcenas. Se muestran críticos con la actuación del magistrado durante la vista oral del juicio, cuando se impidió que éste fuera retransmitido. A ello se suman distintas actuaciones que han provacado la "innegable desigualdad de armas" entre defensa y acusación.

Considera que en el juicio no han quedado probado este delito. Tampoco ha quedado probado el delito de encubrimiento, con el que se acusaban al jefe de la asesoría jurídica, a la extesorera y al jefe de Informática en 2013, cuando se destruyeron los discos duros.

La representante del Ministerio Público,Luciáñez,dedicó apenas siete minutos a cuestionar al PP (dedicó 42 minutos a interrogar al testigo Bárcenas),que se sentaba en el banquillo acusado de un delito de daños informáticos. El tono que usó con los tres empleados de la formación también acusados dista mucho de la dureza empleada con el extesorero del PP,que comparecía únicamente como testigo. La fiscal insiste en cuestionar que los documentos de los ordenadores fueran importantes para Bárcenas."Cuando se reasignan ordenadores,¿se podrían donar

La fiscal Carmen Luciáñez ha defendido este viernes que el PP tiene que ser absuelto por la presunta destrucción de los ordenadores que usaba Luis Bárcenas en la sede del partido porque hay "dudas" sobre la versión que ha mantenido el extesorero sobre que era el propietario de los discos duros y, por tanto, de la documentación que se guardaba en ellos. En este sentido, ha dicho que de ser cierto que se almacenaba la contabilidad b de los 'populares', el partido podría eliminar esta documentación porque "no era ajena".

El PP está acusado de un delito de daños informáticos y,según las acusaciones,trata de desviar el foco insistiendo en que los equipos que destruyó eran suyos. Lo cierto es que esta versión sólo la secunda una de las varias resoluciones emitidas por diferentes instancias hasta la fecha. El resto no dan por acreditado que los ordenadores fueran del PP,y hasta la que les es más favorable incide en que lo relevante eran los archivos. Al menos uno de los discos duros era del extesorero. La clave: "El objeto de delito son los datos almacenados en un

El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, afirmó durante el juicio al PP por la destrucción de sus ordenadores que ha manifestado "la verdad absoluta" sobre los hechos y acusó al Partido Popular de mentir durante todo el procedimiento. El extesorero insistió en vincular el borrado de sus equipos con la operación kitchen y Villarejo, y reveló que Cospedal pagaba a sus abogados mientras estaba imputado en la Gürtel y el PP era acusación popular en la causa.

La Cadena SER accede en exclusiva a la declaración completa del extesorero del Partido Popular en el juicio por la destrucción de su ordenador

El extesorero declara en el juicio que las memorias informáticas borradas contenían documentos que "daban continuidad" a los papeles de Bárcenas. El PP y los otros tres acusados defienden la destrucción de los discos duros en pleno 'caso caja B' porque un juez dijo que eran suyos y además estaban vacías. La Fiscalía intenta acorralar a Bárcenas pese a que declara como testigo y apenas interroga al Partido Popular, que se sienta en el banquillo de los acusados..

«Había hojas de calculo, datos con mis cuentas corrientes, presupuestos del partido, campañas, cómo se financiaba, hojas excel y otras que daban continuidad a eso que se llama mis papeles», ha destacado Bárcenas en su declaración como testigo en el juicio por la destrucción de los ordenadores del extesorero. Ha explicado que en el Toshiba contenía «información histórica» que quiso recuperar en un «momento determinado» que guardaba relación con la investigación en la Audiencia Nacional del 'caso Gürtel' y de la 'caja b' del PP

El Partido Popular, que se sienta en el banquillo de los acusados del juicio de los ordenadores de Bárcenas por haber destruido dos ordenadores del extesorero Luis Bárcenas que contendrían, según afirmó éste, información sobre la caja B del PP, ha defendido que lo hizo para proteger la Ley de Protección de Datos.

El juez Eduardo Muñoz Baena ha rechazado la retransmisión televisada del juicio por el supuesto delito de daños informáticos y encubrimiento en el borrado de los discos duros de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas, de acuerdo con la postura del partido y de Fiscalía. En un auto hecho público este lunes, el titular del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid admite que es “lógico y notorio el interés social y mediático” del juicio, pero recuerda que hay tres acusados distintos del PP y testigos que no son personajes públicos

La investigación de la 'Operación Kitchen', pieza separada del caso Villarejo que analiza el juzgado nº 6 de la Audiencia Nacional, ha dado un salto cualitativo, según los investigadores. La supuesta responsabilidad por los hechos ya no se circunscribe al entramado policial que ejecutó la operación de espionaje a Bárcenas para destruir pruebas que perjudicasen al PP, sino que puede alcanzar a la cúpula del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz y en concreto a su mano derecha, el entonces secretario de Estado de Seguridad

La investigación no menciona aún a esos "dirigentes" pero atribuye un papel principal al entonces policía asesor de Cospedal, número dos de Rajoy. "Se habrían servido de miembros de la Policía para conseguir objetivos particulares", dice en referencia a esos responsables políticos y a la Operación Kitchen. La causa apunta a "órganos superiores" del Ministerio del Interior en el operativo de robo de material al extesorero que resultaba perjudicial para el Partido Popular..

El excomisario José Manuel Villarejo admite en su declaración como imputado que existió el operativo de espionaje a Bárcenas para intervenirle documentación comprometedora contra el PP y sus dirigentes en el caso de su caja B, y que actuó por orden de sus superiores. También reconoce que emplearon fondos reservados para llevarla a cabo en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior..

"Nos dijeron que la orden de recuperar los papeles de Bárcenas había partido de Mariano Rajoy, entre 2013 y 2014, en el operativo policial para retirar de la circulación los documentos y cintas en poder del extesorero del Partido Popular.

El partido, ya condenado en Gürtel, tiene aún pendiente una investigación centrada en la existencia de su caja B. El PP también tendrá que sentarse como acusado en el banquillo del caso por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. Está pendiente la sentencia sobre la financiación del PP valenciano y quedan por cerrar varias piezas separadas del caso Gürtel. Además,quedan pendientes por juzgar otras causas como la de Aena, sobre irregularidades en adjudicaciones de esta empresa pública, la relativa a Jerez, sobre las andanzas de la Gürtel

Izquierda Unida recuerda que Ramírez ya declaró “en el procedimiento principal sobre financiación del Partido Popular” -más conocido como ‘caja B’ del PP y que sigue instruyéndose-, donde hizo “referencia a los ordenadores que al Sr. Bárcenas ‘no le quisieron devolver’”; Pedro J. Ramírez es un “testigo de referencia” en esta causa, entre otros motivos, por lo que Luis Bárcenas “le contó del contenido de los mismos, al relacionarlo con la contabilidad sobre los años 1996 a 1999” del Partido Popular, la cual estaría contenida en los ordenadores;

El equipo jurídico IU :“somos conscientes en todo el momento de que el PP maniobraría para frenar la causa: de que seguirán buscando todas las artimañas y estrategias procesales posibles para evitar una condena.El Ministerio Público vuelve a mostrarse más diligente con los investigados que con el resto de las partes.Llama la atención absoluta coincidencia entre los postulados del PP y de la Fiscalía para dar carpetazo".Y más al entender que no se puede abrazar la ‘doctrina Botín’,“más aún cuando ha quedado superada por la jurisprudencia posteri

Los investigadores de Iruña-Veleia han descubierto en el entorno de la ciudad romana amurallada las ruinas de un "gran convento" de época medieval que estuvo habitado por la orden de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta. Una orden fundada en el siglo XI y que perdura hasta el XVIII en este lugar de la Llanada Alavesa. Conocida como la Orden de Malta y famosa por su participación en las cruzadas de Tierra Santa, estaba ubicada en el camino de la Vía que unía Astorga con Burdeos

Una estancia en Marivent para la cual se ha emitido una orden oficial desde Zarzuela que afecta directamente a ciertos miembros de la familia real. Al parecer, los reyes, especialmente la reina Letizia, no quiere que nada interfiera en su estancia en Marivent o que pueda generar especulaciones sobre el estado de las relaciones familiares.

Maldita hemeroteca: Los del PP dicen que cuando el imputado es del PP no se dimite; pero cuando la imputada es Begoña Gómez, afectada por evidente lawfare, tiene que dimitir su marido, el presidente del Gobierno.

Se trataba de un hombre de 31 años con multitud de antecedentes por delitos contra el patrimonio y contra las personas, ocupación de inmuebles, cultivo de marihuana y atentados contra los agentes de la autoridad. Además, le constaba una orden de expulsión de territorio español y otra de prohibición de entrada en territorio Schengen procedente de las autoridades francesas por delitos contra el orden público. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Alicante, que decreto su puesta en libertad con medidas cautelares.

Cable a cable y ordenador a ordenador. Así es como el Ayuntamiento de Gijón ha encontrado en un doble fondo de un armario una torre conectada a la red. El hallazgo ha hecho saltar las alarmas en el Consistorio asturiano, que ya en 2022 sufrió un importante hackeo. Aunque todavía es pronto para determinar a qué datos ha tenido acceso y qué información ha podido suministrar el aparato, el hecho de que estuviese oculto entre material viejo y no figurase en el inventario municipal no hace presagiar nada bueno. El Ayuntamiento ya ha presentado una d

Una revisión ha permitido detectar un ordenador que se encontraba oculto en dependencias del Ayuntamiento de Gijón y del que se desconoce tanto la procedencia como la función que realizaba. El Gobierno local ha puesto el asunto en manos de la Policía Nacional.

Mientras que Google y Cloudflare han aplicado el bloqueo, Cisco (propietario de OpenDNS) ha acatado la orden judicial desde otro ángulo, que probablemente no es el que esperan las autoridades, retirando por completo el acceso para los usuarios del país. Lo mismo ocurre para los portugueses, donde Canal+ cuenta con una resolución judicial en el mismo sentido. Aunque la nota de Open DNS no explica los motivos de tal decisión, es posible que hayan preferido apagar el servicio a alterar su funcionamiento, haciendo que no respete el protocolo DNS.

la Sala de Cuestiones Preliminares II de la Corte Penal Internacional ("CPI" o "Tribunal"), compuesta por el juez Rosario Salvatore Aitala, el presidente, el juez Sergio Gerardo Ugalde Godínez y el juez Haykel Ben Mahfoudh, emitió órdenes de arresto para dos personas, el Sr. Sergei Kuzhugetovich Shoigu y el Sr. Valery Vasilyevich Gerasimov, en el contexto de la situación en Ucrania por presuntos crímenes internacionales cometidos desde al menos el 10 de octubre de 2022 hasta al menos el 9 de marzo de 2023.

España ha notificado a la Comisión Europa de la anomalía detectada en unos cereales que procedían desde Reino Unido. Los análisis fronterizos han detectado niveles altos que superan el máximo permitido de Ocratoxina A, que conllevan un riesgo peligroso para la salud. El Sistema de Alerta Rápido para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (Rasff) ha sido el encargado de registrar la alerta del Ministerio de Sanidad.