Una pieza especialmente relevante ahora que el PP ha anunciado que si se aprueba una ley de amnistía, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, formado por una mayoría progresista de siete magistrados frente a cuatro conservadores. Si el Senado aupase a un nuevo togado a la corte de garantías a propuesta del PP, la balanza seguiría inclinada hacia el sector progresista, pero los conservadores acortarían la distancia a dos magistrados.

La vieja guardia del PSOE se ha lanzado en tromba contra la amnistía que exige el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont. Rechazan que el Partido Socialista ceda y apruebe una ley en este sentido. Y así lo están defendiendo públicamente estos días. El último de los veteranos dirigentes de la formación del puño y la rosa que ha levantado la voz en este sentido ha sido Alfonso Guerra. Antes lo hizo Felipe González, Joaquín Leguina o Nicolás Redondo.

Muerto Francisco Franco, su presencia continúa presente. España está sembrada, 45 años después del final de la dictadura, de fosas comunes. Miles de muertos no identificados. Las calles de muchas ciudades, las ciudades mismas, son en ocasiones un documento continuo de la dictadura.

Fabián Salvioli (La Plata, Argentina, 1963) es el relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, cargo por el que tiene una estrecha relación con España y, sobre todo, con las víctimas del franquismo. A su larga experiencia en defensa de los derechos humanos, Salvioli le suma ser una persona empática, solidaria, comprometida y entregada a las víctimas. “Su verdad es la verdad”, afirma contundente.

Anatomía es la ciencia que pone al descubierto y separa las partes de los seres vivos para estudiarlas y describirlas. El olvido consiste en no recordar o no pensar en hechos o circunstancias, sepultándolos bajo un manto, para tratar de ocultarlas. La amnesia, raíz de la que nace la palabra amnistía, es una patología del ser humano que afecta a su memoria y le borra el pasado. Cuando la enfermedad afecta a toda o una parte de la sociedad, puede provocar un sentimiento de indiferencia, peligroso para su estabilidad emocional y para los sentimien

En un dossier sobre el modelo de impunidad español publicado en Historia Actual Online y coordinado por el historiador y archivero Sergio Gálvez (Iberoamerican Institute of the Hague), el nuevo magistrado del Tribunal Constitucional Ramón Sáez Valcárcel pone el acento en "la ideología del olvido y la negación de la Historia", y afirma que los tres pilares del llamado Modelo Español de Impunidad son: la Ley preconstitucional de Amnistía de 1977, la ausencia prolongada de políticas de Memoria Democrática y "los jueces custodios de la impunidad".

El Comité sobre Desapariciones Forzosas de la ONU ha emitido un informe en el que arremete contra la Ley de Amnistía de 1977, que considera un "obstáculo" para investigar las desapariciones forzadas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista y pide que se castigue a los autores de los delitos "conforme a la gravedad de sus actos".

La Mesa del Congreso, con apoyo del PSOE, PP y Vox y el voto en contra de Unidas Podemos, ha rechazado este martes admitir a trámite la ley de amnistía que registraron los partidos independentistas catalanes para beneficiar a todos los procesados y condenados por el proceso independentistas del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Según la propuesta de los servicios jurídicos, no procede la admisión a trámite en la medida que, al suponer un indulto generalizado, “entraría en una contradicción palmaria y evidente” con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución, que impide autorizar indultos generales. La última amnistía se aprobó en 1977, precisamente como paso previo a las Cortes Constituyentes.

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha confirmado que el PSOE rechaza la ley de amnistía registrada por los independentistas catalanes, ya que «no tiene cabida» en la Constitución. «Votaremos en contra«, ha zanjado en rueda de prensa

El franquismo y sus crímenes seguirán impunes. Así lo vuelve a ratificar el Tribunal Constitucional. La Ley de Punto Final, que aquí se llamó Ley de Amnistía, así lo estableció en 1977. Y al año siguiente la constitución de 1978 acabó de cerrar el círculo el ‘atado y bien atado’ del viejo régimen reformado, con la monarquía en la cúspide y el viejo poder intacto.

El Parlamento de Cataluña ha aprobado este viernes, con el apoyo de JxCat, ERC y la CUP y la abstención de los comunes, una resolución en la que reclama una ley de amnistía para todos los encausados por el 'procés', sin que eso implique una "renuncia" al derecho a la autodeterminación. La propuesta se enfoca, en especial, a los encausados por la consulta del 9-N de 2014 y el referéndum independentista del 1-O de 2017.

La Justicia española no puede cooperar con autoridades judiciales extranjeras sobre la base del principio de doble incriminación (porque el hecho investigado en el extranjero no es punible en España) para ayudar a castigar a personas que se encuentran en nuestro país por los crímenes amnistiados. Por ello, a falta de mayores concreciones, quizá relacionadas con la investigación de los niños desaparecidos durante el franquismo (hecho que no parecía cubierto por la Ley de Amnistía), me temo que los anuncios gubernamentales...

¿Por qué el franquismo sigue vivo en España? Este vídeo, en hilo, da tres motivos.

La Ley de Amnistía ha servido como excusa, repetidamente, para frenar numerosas iniciativas, tanto legislativas como judiciales, para investigar y juzgar los crímenes.En 2008, la Audiencia Nacional se inhibió de la querella presentada en 2006 por crímenes contra la humanidad en España, entre 1936-1951, que recogía 114.226 casos de violaciones de derechos humanos, a favor de numerosos juzgados territoriales, que acabaron archivando los casos. En 2011 se rechazó, por mayoría absoluta (PP, PSOE, CiU, Ciudadanos), una proposición de ley para modifi

La Ley 52/2007, adopta 1968 como fecha de inicio, lo cuál, ha implicado la exclusión de los miembros del maquis y de los luchadores antifranquistas que sufrieron represión antes de ese año. El legislador español no considera “víctimas del terrorismo” a las víctimas de atentados de grupos de extrema derecha. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones En el ámbito internacional, llama la atención que se excluya a las víctimas de las torturas policiales y de los crímenes de los grupos de extrema derecha.

El dirigente de ERC: "Los que se quedan después de las manifestaciones a regalar imágenes de violencia no nos representan”

Hay que decirlo con rotundidad: mientras no se derogue la Ley de Amnistía de octubre de 1977 y se ilegalicen la dictadura y las fundaciones franquistas, en España no será delito la apología del franquismo, como sí lo es la del terrorismo. De ahí que tantos y tantos ultraderechistas campen a sus anchas por calles y plazas de España; de ahí la anomalía de que exista un mausoleo en el que el dictador comparte espacio con sus víctimas, algo inaudito en Alemania e Italia.

Hasta hoy en España han sido contrastados 114.266 casos de desaparecidos forzados. Pero no cabe duda de que son muchos más. Según Amnistía Internacional podrían ser más de 150.000. En septiembre de 2010, un equipo de trabajo de expertos de Naciones Unidas instó a España a juzgar el franquismo al tiempo que denunciaba la Ley de Amnistía de 1977 por violar la Convención de Protección de las Personas contra Desapariciones Forzadas y recordaba al gobierno español que “tiene la obligación de investigarlas desapariciones forzadas, perseguir y sancion

Denuncian a España ante la ONU por ocultar crímenes del franquismo. Las ONG Trial International y Women's Link Worldwide, y la asociación local Memoria de Mallorca, han presentado el "primer caso" relacionado con crímenes del franquismo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. "44 años después de la caída de la dictadura, familiares y sobrevivientes aún esperan justicia: ya es hora de que España arroje luz sobre los crímenes de su pasado". "La Ley de Amnistía española de 1977 impide la investigación de los delitos

Las víctimas exigen la nulidad de aquellas leyes que siguen garantizando la “impunidad” de estos crímenes, tales como la Ley de Amnistía, para acabar con la “herencia” y los “privilegios establecidos e institucionalizados por el franquismo”. También reclaman la apertura de procedimientos penales. Recuerdan además que España está obligada a cumplir los principios del derecho internacional que emanan de las sentencias de los juicios de Núremberg, así como el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por relatores de la ONU.

Javier Sánchez Serna, ha criticado que las medidas de regeneración que presentó el presidente, Pedro Sánchez, en el Congreso son una "tomadura de pelo" y así lo trasladará al Gobierno en la ronda de contactos que mantendrá con los grupos parlamentarios. Es más, ha reprendido a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que llegó a hablar de derogación de la Ley Mordaza cuando lo que se acordó es una "reformita" al reformular un artículo "menor" de la norma de Seguridad Ciudadana, el precepto 36, para que deje de ser infracción la toma...

Es una burla a los procedimientos de transparencia e información pública”, se responde. “Ayuso procede así a tramitar la modificación de una decena de leyes tan importantes como la del Suelo o la de Protección Animal, sin que la ciudadanía, los Ayuntamientos o las entidades de la sociedad civil tengan un mínimo margen de reacción”. “Con las modificaciones sucesivas de la ley del suelo [que contiene la reforma] están facilitando la tramitación de grandes proyectos en cualquier parte”

La votación brinda a Von der Leyen un segundo mandato, algo que sólo habían logrado hasta ahora Jacques Delors y José Manuel Barroso, dos precedentes que apuntan en direcciones muy diferentes.

Ewa Zajączkowska-Hernik es una eurodiputada miembro del partido «Nueva Esperanza» de Polonia, adscrito al grupo de la AfD alemana «Europa de las Naciones Soberanas»

El pleno admite a trámite los recursos del ejecutivo central contra ambas leyes que acusan a la normativa de la Comunidad de Madrid de invadir competencias estatales, patologizar a menores transexuales o perjudicar a las asociaciones LGTBI.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Gobierno de España contra varios apartados de la ley trans y de protección de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso. “El Tribunal, tras haber invocado el Gobierno en su recurso el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados de las citadas normas, desde la fecha de interposición del recurso (26 de junio) para las partes de los procesos”.

El humo de Sanchez en el congreso: no ha presentado nada más que lo obligado por el reglamento europeo. La oligarquía dueña de los medios. No se cambia nada. El periodismo está muy mal.

Pocos detalles han trascendido sobre los planes de Moncloa en cuanto a la financiación pública de los medios de comunicación tras la presentación del plan antibulos por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. Pero este jueves, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado alguna pista, asegurando que las audiencias de los medios son unos de los elementos más importantes para distribuir la financiación pública y se ha mostrado a favor de incorporar nuevos criterios.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se enfrenta a su reelección al frente de este órgano. Todo apunta que repetirá en el mismo, aunque antes ha buscado el apoyo de los diferentes grupos del Parlamento Europeo con guiños a cuestiones como la crisis inmobiliaria. En este sentido, la conservadora ha prometido un plan de vivienda asequible, así como la creación de dos nuevas carteras para comisarios: una de Vivienda y otra de Mediterráneo.

Primera consecuencia práctica de la ruptura Vox-PP en los Gobiernos autonómicos: la Junta de Extremadura de María Guardiola paraliza la ley que la ultraderecha llama "De Concordia" con la que pretendían desmontar la Ley de Memoria Histórica vigente. Esta medida era una de las mayores exigencias de la ultra derecha Vox en el gobierno extremeño y hasta nueva orden, queda paralizada.