El fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha propuesto modificar el Código Penal para que se pueda prohibir el acceso a Internet o a redes sociales a quienes hayan utilizado estos canales para cometer delitos de odio. Esto es, a quienes promuevan o inciten directa o indirectamente a la discriminación de determinados colectivos vulnerables a través de la red.

Ursula von der Leyen anuncia en Dresde la autorización a una ayuda pública de 5.000 millones de euros del Gobierno alemán para una fábrica de chips.

Esta petición de cambio de sexo condiciona el proceso judicial, ya que, en principio, al declararse mujer, no se le podría aplicar la legislación contra la violencia de género.

Esta investigación se ha realizado en colaboración con The Guardian. Este reportaje se basa en nuestras investigaciones del 24 de junio y el 11 de julio sobre la influencia encubierta del gobierno israelí. El gobierno israelí solicitó asesoramiento jurídico sobre una ley federal estadounidense que exige la divulgación de las campañas de lobby respaldadas por el extranjero, ante la preocupación de que la creciente aplicación de la ley pudiera atrapar a grupos estadounidenses que trabajan en coordinación con el gobierno israelí, según sugieren d

La aplicación de la controvertida normativa supuso más de 125.300 sanciones en 9 años.

La Ley de la Restauración de la Naturaleza, la primera en la UE que obliga a restaurar la naturaleza y no sólo protegerla, entró en vigor hoy tras haber estado cerca de descarrilar en su tramitación, por el Partido Popular Europeo en la Eurocámara y Hungría en el Consejo. La meta es restaurar el 20% de ecosistemas degradados en 2030 y todos en 2050 incluidas tierras de cultivo, corregir la disminución de polinizadores, recuperar 30% de turberas vaciadas para agricultura, no reducir espacios verdes urbanos y quitar barreras artificiales en ríos.

El alto tribunal no valora retractarse en los recursos, aunque teme que en un año el Constitucional le rectifique.

Lo que viene a justificar la diputada del Partido Popular es precisamente la ruptura de la separación de poderes que se está produciendo en España, donde los jueces deciden qué leyes aprobadas por el poder legislativo aplican y cuáles no en base a sus intereses políticos y los de quienes les nombraron, a la sazón, el Partido Popular.

Derecho a Morir Dignamente (DMD) peleó durante décadas por una ley de eutanasia y ahora observa con preocupación la decisión de una jueza de suspender cautelarmente un procedimiento ya autorizado tras superar la paciente todos los exámenes y evaluaciones médicas: "Un juez no puede cuestionar el sufrimiento".

En España se ejecutan 82 desalojos al día, según el Poder Judicial, pero cada uno tiene protagonistas y problemas diferentes

Un experto en bioética señala que la jueza de Barcelona que ha paralizado la eutanasia de una joven a petición de su padre, representado por la asociación ultraconservadora Abogados Cristianos, se ha metido "en un berenjenal"

¿Qué es peor? ¿Que @eldiarioes me plagie sin citarme? ¿O que @elmundoes también coja parte de mi hilo sin tampoco darme créditos, pero, encima, ponga el artículo de pago? Para El diario no soy nada, para El Mundo soy "abogados y juristas".

La sombra de la dictadura de Francisco Franco no ha desaparecido del ámbito educativo de la Región de Murcia, ya que varios centros contravienen la Ley de Memoria Democrática, polémica, para empezar, porque la derecha y ultraderecha no la reconocen y porque su aplicación es bastante flexible, según para qué administración y en qué territorio. El caso más sangrante es el del IES Ibáñez Martín, ministro franquista que culminó la depuración docente, mientras que otro recuerda a Primo de Rivera.

Albert Dalmau, conseller de Presidència Alícia Romero, consellera de Economia i Hisenda Berni Álvarez, conseller de Esports Esther Niubó, consellera de Educació i Formació Professional Eva Menor, consellera de Igualtat i Feminisme Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística Jaume Duch, conseller de Unió Europea i Acció Exterior Miquel Sàmper, conseller de Empresa i Treball Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials i Inclusió Núria Montserrat, consellera de Universitats i Recerca Núria Parlon, consellera de Interior Olga Pan

En las últimas semanas el alto tribunal ha dictado varias sentencias en las que deja claro que la ley de garantía integral de la libertad sexual debe aplicarse en toda su extensión, añadiendo otras penas como la inhabilitación para ejercer la patria potestad o para realizar actividades que impliquen un contacto regular con menores.