"El Gobierno de la República reconocerá y reconoce a los internacionales, que tan bravamente han luchado con nosotros, el derecho a reclamar, una vez terminada la guerra, la ciudadanía española", prometió Negrín. La reciente aprobación de la Ley de Memoria Democrática permite ahora que sean los descendientes de los brigadistas internacionales los que hagan cumplir la promesa de Juan Negrín, solicitar y obtener la nacinalidad española sin tener tampoco que renunciar a su nacionalidad actual.

El acto ha tenido lugar en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional, en Madrid, y ha contado con la presencia de la gran mayoría del Gobierno, liderado por su presidente, Pedro Sánchez, que ha estado acompañado por las vicepresidentas y por, entre otros ministros, el titular de Presidencia, Félix Bolaños. Estaban invitados, además, numerosos representantes políticos, entre ellos el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

El portavoz de Vox Asturias, Ignacio Blanco, afirmó este viernes que la izquierda «se parece mucho» a la que llevó adelante la revolución en Asturias de 1934 y que «hoy tenemos ese mismo germen gestándose en nuestra democracia». Por su parte, el diputado en el Congreso, Francisco José Contreras Peláez, ha calificado la Ley de Memoria Democrática como «un programa de adoctrinamiento histórico que busca legitimar a la izquierda y deslegitimar a la derecha» y que «ignora» a «las víctimas de derechas».

No hay casi información pública sobre ella, apenas se ha rastreado oficialmente, pero todo apunta a que los restos de varios represaliados en la Guerra Civil yacen en una fosa común situada en un lugar nada corriente: dentro del perímetro fuertemente vigilado y vallado de la Base Naval de Rota. En concreto, en una zona conocida como 'El Pinar del Cura Vargas'. El enterramiento está fechado en 1936 e identificado con el código 1103003 en el mapa de fosas de Andalucía, pero nadie, de momento, se ha planteado rescatar los restos que alberga.

La Ley de Memoria Democrática ha entrado en vigor este viernes y, con ella, se ha vuelto a poner el foco en calles, plazas, edificios y monumentos que aún salpican España de puntos en los que se recuerda y homenajea el Franquismo. Burgos no es una excepción y algunos de ellos llaman la atención tanto por su significado como por su propia construcción. Quizá el más conocido de todos resulta el Monumento en homenaje al general Emilio Mola en Alcocero, localidad que tomó el apellido tras el accidente aéreo donde falleció el militar.

Buscar a los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista, y estudiar las posibles vulneraciones de derechos humanos entre los años 1978 y 1983 son los objetivos de la Ley de Memoria Democrática que entrará vigor este viernes tras una larga tramitación parlamentaria. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves esta polémica y discutida norma que fue aprobada definitivamente hace 15 días con los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos.

La Ley de Memoria Democrática entrará en vigor este viernes, una vez que hoy sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), 15 días después de su aprobación definitiva por parte del Senado, han anunciado fuentes gubernamentales. Su entrada en vigor mañana, supondrá "un cambio muy sustancial en nuestra democracia" y permitirá adoptar medidas que pondrán de manifiesto que las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura "son lo primero" y abre la puerta a estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983.

La Ley de Memoria Democrática, que entrará en vigor en cuanto la publique el BOE, abrirá una ventana exprés a la adquisición de la nacionalidad a entre 300.000 y 350.000 descendientes de emigrantes españoles en todo el mundo.

Los descendientes de Primo de Rivera aseguran que ningún representante del Gobierno se ha puesto aún en contacto con ellos para comunicarles oficialmente la decisión de trasladar la sepultura del fundador de la Falange a un lugar menos preeminente dentro de la basílica del Valle de los Caídos y, en conversación con este diario, lanzan una advertencia: «Para mover un hueso de José Antonio tienen que hablar con la familia». Relacionada: old.meneame.net/search?q=primo+de+rivera

En una democracia, la mejor legislación sobre la memoria, en singular, es la que no existe. La nueva ley allana la sustitución de los principios y valores que inspiraron la reconciliación entre los españoles y la transacción que hizo posible nuestra democracia, por un relato fabulado que se quiere imponer con los recursos del poder público a todos los ciudadanos, aboliendo sus memorias particulares y obstaculizando el conocimiento científico de nuestro pasado reciente.

Fenosa fue el resultado de la fusión forzada de la Fábrica de Gas y Electricidad, propiedad de Pedro Barrié de la Maza, empresario de afinidad franquista que impulsó la entrega del Pazo de Meirás a Franco, con Electra Popular Coruñesa, arrebatada al empresario y político José Miñones, fusilado por los fascistas a finales de 1936 después de que le expropiasen todas sus empresas. El título de Conde de Fenosa le fue concedido por Franco a Barrié años después.

La poliomielitis marcó la vida de unos 50.000 españoles que, en uno de los episodios más oscuros de la sanidad franquista, no recibieron una vacuna que habría cambiado su vida. Siempre se han quejado de que habían caído en el olvido. El texto reconoce a los afectados como víctimas e incluye un "reconocimiento institucional y moral" a la "demanda de verdad" que desde hace años exige el colectivo. "Aunque ya hemos conseguido la verdad, nos falta la justicia y la reparación", puntualizan las asociaciones.

La nueva ley dispone en su disposición adicional octava una regla que permite la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia.

Hemos visto cómo la derecha -Vox, PP y Ciudadanos- han arremetido contra la Ley de la Memoria Democrática (en adelante LMD) con ocasión de la celebración del 25 aniversario de la muerte del concejal Miguel Ángel Blanco. Y el presidente del PP ha dicho que derogará esta ley si llega al Gobierno. Han mezclado churras con merinas, pues la ley se refiere a las víctimas de la represión franquista, que nada tienen que ver con las víctimas de ETA, desaparecida hace ya más de veinte años. Para remate del aniversario el juez García Castellón, amonestado

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Al expresidente Felipe González no le «suena bien» la nueva Ley de Memoria Democrática. Lo ha advertido después que el PSOE y Bildu aprobaran ayer en el Congreso la enmienda que permitirá investigar la actividad de los GAL durante su primer gobierno. González no ha querido ir más allá y ha subrayado que aún no ha leído el texto. «No lo he visto, cuando lo vea les diré, pero sonarme, no me suena bien», ha sido su declaración.

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado este lunes el proyecto de Ley de Memoria Democrática con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, el PNV y Bildu frente al 'no' del PP, Vox y Ciudadanos. Esquerra Republicana ha optado por la abstención porque ve avances tras los últimos cambios introducidos, pero le sigue pareciendo insuficiente.

Un acuerdo alcanzado este martes entre EH Bildu y los partidos del Gobierno permitirá la aprobación definitiva de la nueva Ley de Memoria Democrática que se encuentra en tramitación parlamentaria en las próximas semanas. Este pacto posibilitará que el Congreso dé luz verde a la ley tanto en comisión como en el Pleno sin la necesidad del apoyo de ERC, que sigue mostrándose reticente a apoyar la nueva norma. El Gobierno contaría así con los votos de PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu, PNV, PDeCAT y Más País, que serían suficientes para sacarla adelan

El arzobispo de València advierte de las "libertades sin norte" que están "quebrando nuestra sociedad" y que "aún se quebrará más si no se pone remedio".

En un dossier sobre el modelo de impunidad español publicado en Historia Actual Online y coordinado por el historiador y archivero Sergio Gálvez (Iberoamerican Institute of the Hague), el nuevo magistrado del Tribunal Constitucional Ramón Sáez Valcárcel pone el acento en "la ideología del olvido y la negación de la Historia", y afirma que los tres pilares del llamado Modelo Español de Impunidad son: la Ley preconstitucional de Amnistía de 1977, la ausencia prolongada de políticas de Memoria Democrática y "los jueces custodios de la impunidad".

El pasado 25 de agosto entró, tras pasar el difícil filtro de la Mesa del Congreso, el Proyecto de ley de memoria democrática en la Comisión Constitucional que preside el socialista Patxi López.A partir de ahora se abre un plazo de 15 días para que los grupos parlamentarios de dicha Comisión presenten enmiendas, aunque se prevé que haya sucesivas prórrogas."Tenemos la oportunidad de ver cómo se juzga, condena e ilegaliza al franquismo, ya que la correlación de fuerzas parlamentarias lo permiten"

Los almirantes de la Armada Española Churruca, Gravina y Cerveza, que defendieron los intereses de España a principios y finales del siglo XIX en la batalla de Trafalgar y en la guerra de Cuba, ya no son calificados de franquistas, después de que esta semana hayan salido del Censo de símbolos, leyendas y menciones franquistas de la ley de memoria democrática de las Islas Baleares.

Hay tres aspectos clave que no han sido incluidos: la consideración de víctimas a los familiares hasta cuarto grado, no hay mención explícita de la intervención del Estado en todo el “fenómeno” y debe contemplarse que en esas apropiaciones no había en absoluto conocimiento, por parte de los progenitores, de que se podría estar produciendo un hecho ilegal.

Este fallo judicial expone una realidad perturbadora: las leyes actuales son insuficientes para proteger a los ciudadanos de los pequeños delitos que, acumulados, generan un gran impacto social y económico. No es la primera vez que vemos a delincuentes reincidentes burlarse de la justicia, beneficiándose de un sistema legal que, en su afán de proteger los derechos individuales, termina protegiendo más a los agresores que a las víctimas. Permitir que estos presuntos delincuentes sigan en libertad envía un mensaje nefasto

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha cargado contra la ley de paridad, después de que este jueves haya entrado en vigor con un error técnico. La exministra ha asegurado que la norma está "mal hecha" y ha recriminado al mismo tiempo al "Partido Judicial" por no decir "ni mú". "Hay veces que las leyes están mal hechas de verdad, pero entonces no verás al Partido Judicial Reaccionario decir ni mú. No falla", ha escrito en la red social X.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recordó este jueves que un cambio de sexo no puede eludir la aplicación de la ley y que aquellos que cometen fraude de ley abusando los derechos de las personas trans y LGTBI para eludir una condena por violencia de género se enfrentan a dos delitos. A preguntas de los periodistas durante un acto en Palencia, Redondo insistió en que “el fraude de ley no está permitido en nuestra legislación ni en nuestro ordenamiento jurídico, ni con respecto a esta ley ni con respecto a ninguna otra”.

De hecho, uno de ellos se burló de que se leyera en voz alta el nombre de los niños muertos.

A lo largo del proceso penal, desde que se producen las primeras investigaciones hasta que (si fuera el caso) se termina de cumplir una condena, el encausado, aunque no se encuentre en prisión, puede ver limitada su libertad de diversas formas. La falta de claridad de la terminología utilizada en el mundo del Derecho puede dar lugar a una cierta confusión. Todas las situaciones de libertad limitada (llamémosla así) implican que, si bien el individuo sometido a un proceso penal se encuentra en libertad, para conservarla debe cumplir.

La Comisión Europea trasladó este miércoles al PSOE su compromiso para proteger la memoria histórica de los crímenes del franquismo, tras una pregunta de la formación sobre la posible derogación de la Ley de Memoria Democrática que plantean Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria y Extremadura.

La Federación Andaluza de Memoria Democrática (FAMD) ha exigido a la Junta de Andalucía «mayor vigilancia» para cumplir la ley en todos los rincones de la comunidad autónoma, debido a la presencia, en reiteradas ocasiones, de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática que campan por distintas localidades andaluzas con total impunidad

La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, calificó la semana pasada de "error lamentable" lo que había ocurrido y apuntó a que en septiembre, cuando se reanude la actividad parlamentaria, el problema sería subsanado en el Congreso. una omisión en la redacción de la Ley de Paridad, la primera que aprobó el último Gobierno de Pedro Sánchez bajo la dirección de la nueva ministra, ha provocado que este tipo de despido ya no vaya a ser nulo sino improcedente.

"Piensa en el mensaje que envía al mundo cuando dice que Estados Unidos es una nación en decadencia. Está diciendo que estamos perdiendo. Él es el perdedor. Y está totalmente equivocado. Muchos de ustedes tienen mucho éxito y han viajado por todo el mundo. Nombre un país en el mundo que no piense que somos una nación líder. Sin Estados Unidos -y esto no es una broma- pensadlo, quiero decir literalmente, ¡quién puede gobernar el mundo si no es Estados Unidos!".

El texto de la ley de ‘bebés robados’ lleva siete años redactado, y han pasado seis desde que aterrizó en el Congreso de los Diputados por primera vez. Ha desembarcado en la Cámara en tres legislaturas, con unanimidad o respaldo masivo por parte de los grupos, pero en la última legislatura vio prorrogado el plazo para que los grupos presentaran enmiendas en más de un centenar de ocasiones. Esperó en vía muerta. El adelanto electoral del 23-J, hizo que decayera, como ocurrió con otras leyes, y cómo ya había pasado cuatro años antes.