Ante el secuestro de la Frikipedia surge el interrogante sobre las limitaciones de los usuarios ante la burocracia de los bufetes de abogados, y lo que es más inquietante, ¿quién hace justicia en España, los abogados o los jueces? ¿Por qué se cierra una publicación antes de que exista resolución judicial? ¿Se aplica el mismo procedimiento con los medios de comunicación, prensa, radio o televisión?