En febrero de 2008, Pedro Pablo Álvarez, un sindicalista cubano condenado a 25 años de carcel, fue liberado junto a otros tres presos gracias a la mediacion del Gobierno de Jose Luis Rodriguez y trasladados en un avión militar a España. Dos años después, Álvarez malvive cerca del marginal barrio de la Mina de Barcelona. Acusa al Ejecutivo español de utilizar con fines electorales a los presos liberados y que, una vez trasladados a España, han sido abandonados a su suerte.
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