El Senado, según marca la Constitución española, debería ser una Cámara territorial, donde se dilucidaran los temas de los distintos territorios del país, lo que es falso. El Senado no es sino una segunda cámara donde deben ir las leyes aprobadas –todas, no sólo las de carácter territorial-- en el Congreso, para ser refrendadas, con la peculiaridad de que si son rechazadas, esa negativa no tiene carácter vinculante, por lo que volverían al Congreso para ser aprobadas de nuevo.
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