En apenas un año, las empresas de Josefa Otero Río, esposa de Carlos Silva, un alto cargo de la Xunta que fue imputado en la Operación Campeón, logró de la Administración gallega ayudas por casi siete millones de euros. Al amparo del Plan de Reindustrialización de Ferrol, sociedades como Procesoil, Valorización de Residuos Gallegos o Galimed Trata obtuvieron del Igape, instituto de promoción económica dependiente de la Consejería de Industria en el que Silva era responsable de Información Especializada, sucesivos créditos al 0%.
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