Esa "pena máxima prevista" es actualmente de 25.000 euros en cada caso, es decir, 100.000 euros en total, lo que equivale aproximadamente al 0,002% de los beneficios anuales de las empresas. Se trata de una multa hasta un 90% inferior a la que hubiera sido hace apenas un año; el motivo es que, en 2021, la Xunta ha reducido drásticamente las penas por tal conducta.
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