En el borrador del Real Decreto al que ha tenido acceso el diario, se describe un modelo muy similar al polémico canon de compensación por copia privada que había vigente en España hasta 2011, pero dejando fuera a las empresas y Administraciones públicas y ofreciendo la opción de reclamar un reembolso a aquellos usuarios capaces de demostrar que han hecho un uso profesional de los dispositivos.
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