Así lo establece la nueva ley del Derecho a la Vivienda. Una vez aprobada la ley, todos los municipios andaluces tendrán que determinar el número de VPO que hacen falta y crear un registro municipal de demandantes. De este modo, las viviendas de protección que se construyan, tanto desde el ámbito público como privado, se adjudicarán directamente a los inscritos en este listado, que establecerá el orden en función de los requisitos socio-económicos de los demandantes
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