La madre señala que hace dos años negoció con un distribuidor de Vodafone para instalar fijo y móvil en la panadería que gestiona la familia. «Al final decidí no ponerla y no firmé ningún contrato ni ningún papel». Ahora le llega el aviso de impago de tres facturas de entonces que suman 693,55 euros. Pero una discusión burocrática con una compañía que reclama una factura se haya contratado o no, no viene a su su nombre sino al de la niña.
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