Podrán acceder a un piso protegido quienes cobren 47.000 euros anuales, pero lo tendrán casi imposible los que ingresen 24.000. Las autonomías se enfrentan a Corredor por una norma que podría tener un fuerte impacto social. Es decir, que sólo podrían comprar o alquilar una VPO aquellas personas solventes que, en muchos casos, tienen acceso a una casa en el mercado libre. Se dejaría fuera a las rentas bajas y a la mayoría de los inmigrantes, que ingresan, de media, entre un 20% y un 30% menos que los nacionales.
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