El 23 de mayo de 1980 el Parlamento autónomo aprobó la designación de Vitoria como sede de las instituciones vascas. El nombramiento fue recibido con entusiasmo por la clase política, pero los vitorianos mostraron cierto desapego. El PP pide ahora al Gobierno vasco 10 millones al año, una solicitud que el alcalde ya exigió en su día pero había «aparcado» por «falta de consenso»
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