Con la aplicación de la nueva Ley de Economía Sostenible aprobada por el Gobierno, y que obliga a los municipios a dar cuenta de sus presupuestos como condición indispensable para poder percibir transferencias del Estado, Vilamarxant hubiera perdido desde el año 2001 subvenciones que pueden llegar a representar hasta un tercio de sus ingresos, según algunas fuentes consultadas.
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