Alberto Soliño y Roberto Pérez Jáuregui son dos de las 60 víctimas mortales que se registraron entre 1968 y el 31 de diciembre de 1978 a manos de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en el País Vasco. Son víctimas mortales de manifestaciones, controles policiales y actuaciones individuales arbitrarias de policías y guardias civiles. El Gobierno vasco ha publicado un borrador de decreto que pretende aprobar en las próximas semanas para reconocer e indemnizar a esas personas.
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