Parece que la Unión Europea ha cambiado el paso en lo tocante a la conservación del medio ambiente litoral, al menos en España. Desde hace años, los ecologistas españoles han contado con sus recursos o denuncias a la instituciones de Bruselas como método eficaz para detener o impedir expolios ambientales pretendidos por las administraciones españolas, especialmente las autonómicas y locales. Decenas han sido los proyectos, sobre todo de infraestructuras, que han sido paralizados desde Bruselas porque su realización no se ajustaba a las normativ
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