Tras una investigación iniciada en 1990, la Fiscalía de Rusia anunció en 2004 el cierre de la investigación debido a que no había pruebas de que el Estado, militares o ciudadanos soviéticos hubiesen cometido ni un solo crimen contra los prisioneros polacos, ni bajo el Código Penal de la RSFSR (1926) ni bajo el Código de Procedimientos Penales de la Federación Rusa. Sin embargo, Cienciala afirma sobre este mismo hecho en Katyn: Un crimen sin castigo (2007) “que no se pudo imputar a nadie el crimen”.
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