Tras años pagando menos de 400 euros al mes, la nueva empresa propietaria, del banco Santander y del fondo buitre Cerberus, se niegan a renovar contratos e imponen aumentos del 65%. 25 familias se han declarado bloque en lucha junto al Sindicato de Inquilinas. Algunos ya han sido demandados y tienen orden de desahucio. Su intención es permanecer en las viviendas sin firmar nuevos contratos hasta que la propietaria se siente a negociar unas subidas asequibles.
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