En lo que debía ser una serie de normas para sancionar a sacerdotes acusados de abusos sexuales, el Vaticano levantó airadas críticas de asociaciones y grupos católicos liberales al incluir una disposición en su decreto donde afirmaba que el "intento" de ordenación de una mujer es uno de los más graves crímenes eclesiásticos. El documento es una actualización de un documento denominado Motu Propio publicado por el fallecido Papa Juan Pablo en 2001 para hacer frente a varios delitos graves contra la ley de la Iglesia católica.
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