La decisión fue publicada en una nueva ley publicada el jueves 23 y es la última iniciativa del papa Francisco para centralizar los activos bajo control de la Iglesia Católica y así garantizar que sean “gestionados adecuadamente”. La iniciativa busca responder a las críticas internas y externas que apuntan a enormes pérdidas e incluso delitos penales por malversación. Previamente, Francisco ya se había hecho del control de una cartera de 600.000 millones de euros que estaban bajo control de la Secretaría de Estado del Vaticano.
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