La sentencia establece que las instalaciones no cumplen con la normativa y que ocasionan claros "perjuicios" a las familias. Además, subraya la obligación de la administración de Martínez Almeida de extremar el control sobre este "nuevo tipo de actividades económicas". Si el Ayuntamiento no recurre esta sentencia, su ejecución implicará el cierre inmediato de estas cocinas. La sentencia es demoledora con el Ayuntamiento de Madrid y su pasividad. El juez establece que el consistorio tiene que "extremar el deber de vigilancia municipal" y.
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