La corte de garantías aborda por primera vez el estudio de la vulneración del derecho a la legalidad sancionadora concluyendo que los órganos jurisdiccionales no pueden evaluar las normas emanadas de los parlamentos porque atenta contra la separación de poderes. El TS consideró que el Parlamento andaluz delinquió al aprobar unas leyes presupuestarias con las que trató de ocultar el rastro del dinero de las ayudas a las empresas en crisis.
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