Valencia está al borde de ser intervenida por Montoro por su morosidad con proveedores. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria de 2012 fijó los límites para hacer digerible la morosidad pública tras la oleada de quiebras masivas durante los años más duros de la crisis económica. Pero la nueva norma está lejos de poder ser cumplida por todos sus protagonistas. El caso es especialmente significativo en Valencia
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