La aprobación inicial del Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones en favor de los ex diputados, ya se llevó a cabo a pesar de que el informe que habían realizado los servicios jurídicos de la institución dejaba clara la falta de cobertura legal de la iniciativa, al carecer el Parlamento autonómico de competencias para aprobar pagas para ex diputados e indemnizaciones por cese de mandato. El acuerdo, publicado en el "BOCV", mencionaba la existencia de un informe, sin aludir al contenido.
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