La empresa UFC es propiedad de José Luis Ulibarri, uno de los imputados en este asunto. Su abogado fue el que interpuso la querella que investiga el TS contra Garzón por autorizar las escuchas. Emilio Fernández de Castro archivó en 2007 una querella contra el Ayuntamiento de Boadilla que concedió una parcela para construir 140 viviendas a la empresa UFC. El Tribunal de Justicia de Madrid reanuda hoy las deliberaciones para decidir sobre la validez de las escuchas abogado - cliente en prisión que autorizó el juez Garzón.
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