Jaime Julio Fernández Abad, uno de los diez detenidos en la "Operación Scala", enmarcada dentro de una trama de corrupción en la anterior etapa del Partido Popular, iba a ser nombrado Defensor del Ciudadano en Calvià. Su nombramiento fue propuesto por el Partido Popular en Calvià, pero no contaba en absoluto con el apoyo de los otros grupos políticos del municipio al considerar que no encajaba en el perfil adecuado para representar este cargo remunerado.
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