El Gobierno ha abierto un procedimiento de lesividad para el interés público de la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016. Se trata del paso previo para que la Abogacía del Estado recurra esa orden ante el Tribunal Supremo. Es decir, que el Gobierno reconoce que aprobó una retribución que no debía y ahora quiere enmendar el error y tratar de que las eléctricas les devuelva un dinero que ya han percibido.
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