Entre estas personas hay dos familiares del conseller Serafín Castellano y del secretario autonómico de Interior, Luis Ibáñez y dos miembros de la ejecutiva comarcal del PP. UGT sospecha que estas personas podrían estar trabajando de forma cuanto menos anómala. En concreto, creen que están contratadas por la empresa pública estatal Tragsa, responsable de varios servicios del Consell.
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