Según El País, el dinero defraudado asciende a 24 millones de euros y las empresas a más de 1.500 firmas de siete provincias que lo emplearon de manera irregular. El asunto ha llegado a la oficina antifraude de la Unión Europea, la OLAF, lo que podría significar la suspensión de las ayudas al empleo procedentes de Europa en Andalucía.
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