La Comisión y el Parlamento ultiman el documento que deberá definir la forma en la que las instituciones europeas se relacionarán en el futuro con los miles de integrantes de lobbies, abogados, oenegeros, consultores o expertos de centros de investigación que pululan por Bruselas. Ninguna norma obligará a nadie a inscribirse en el registro creado en 2011. Pero la revisión de este instrumento incluye una treintena de medidas con la que las autoridades de Bruselas quieren vencer las reticencias de las empresas y organizaciones
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