Las empresas y el sector público tendrán que pagar a sus proveedores como regla general en un plazo máximo de 30 días, según la nueva norma comunitaria para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales aprobada de forma definitiva por el pleno de la Eurocámara por 612 votos a favor, 12 en contra y 21 abstenciones. La directiva tiene como objetivo garantizar que a las pymes no sufran más problemas financieros debido al retraso en el pago de facturas de autoridades públicas y grandes compañías.
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