El acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y la presidencia belga sobre la nueva norma comunitaria contra la morosidad en las operaciones comerciales obligará a empresas y sector público a pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días. Este acuerdo debe ahora ratificarse por el pleno del Parlamento Europeo en octubre. En el caso de la Administración Pública, sólo en "circunstancias excepcionales" el pago podrá alargarse más allá de 30 días, pero sin pasar de 60 días. El interés de demora se fija en el tipo de referencia más un 8%.
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