Los inspectores de anticorrupción de la Unión Europea (UE) que han investigado este procedimiento consideran “de tal gravedad la actuación de la Diputación ourensana que —además de imponerle una multa de 10,1 millones de euros a la institución— han decidido denunciarlo ante la Justicia española para que determine si el organismo provincial cometió los delitos de prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias.
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