La Eurocámara y el Consejo han pactado establecer un plazo límite de sesenta días para que las autoridades abonen sus facturas, informó hoy el Parlamento Europeo en un comunicado. Ambas instituciones llegaron a un consenso anoche sobre la reforma de la legislación contra la morosidad en los pagos, que pretende evitar que los atrasos contribuyan a ahogar a las pequeñas y medianas empresas, especialmente en épocas de crisis. Según datos del Ejecutivo comunitario, los pagos atrasados ascienden a 1.900 millones de euros en toda la Unión Europea.
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