El abogado especializado en tecnología y director jurídico de la Plataforma para la Defensa de la Libertad de Información (PLI) Carlos Sánchez Almeida comenta a Público que "la pregunta que tenemos que hacernos es cómo encaja todo esto en el artículo 20 de la Constitución Española, que proscribe la censura previa y exige que todo secuestro de publicaciones tenga autorización judicial". Es decir, ¿cómo puede garantizar Bruselas la separación de poderes, que es clave para que exista una democracia real, con esta normativa?
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