Los Gobiernos de los 27 países de la UE y los representantes del Parlamento Europeo han alcanzado este miércoles un acuerdo para que las autoridades de un país puedan dejar sin Internet a un ciudadano que estuviera realizando descargas presuntamente ilegales. El corte de la conexión se podría ejecutar sin necesidad de una autorización judicial previa.
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