El compromiso suaviza los topes que había propuesto inicialmente Bruselas. La Comisión pedía que el límite de 175 gramos se aplicara ya un año antes, en 2016, y que el objetivo de 2020 fuera más ambicioso, de 135 gramos. Ello hubiera supuesto un coste adicional de hasta 3.500 euros por vehículo, según los propios cálculos del Ejecutivo comunitario.
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